Breve extracto del artículo de Silvia Senz, «Imaginar el Estado: el debate sobre el estatus de las lenguas en la Cataluña independiente», en: Klaus Zimmermann (ed.). Prácticas y políticas lingüísticas. Nuevas variedades, normas, actitudes y perspectivas. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2014.
[...]
2. El Estado imaginado: la gestión de las lenguas en el
Estado catalán
Como hemos visto, son muchos los factores que indican
que Cataluña camina decididamente hacia la
expresión de su reclamado derecho a la autodeterminación. La
evidente presión social para que se acelere el proceso ha obligado a
las fuerzas políticas que gobiernan a elaborar ya un proyecto de
Estado que resulte operativo en un breve plazo. Siendo la lengua un
asunto central para la identidad catalana, la necesaria
preconfiguración de la gestión del multilingüismo en una futura
república catalana es un tema que empezó a plantearse muy
tempranamente.
2.1. Arranque del debate en prensa, con el castellano
como protagonista
Debido a la
conflictividad política que desde hace siglos han acarreado la
hegemonía del castellano en España y las políticas de reversión
del proceso de sustitución del catalán y el aranés (occitano, de
hecho) por el español, el debate en torno a las lenguas que se
hablan en Cataluña había revestido hasta ahora un carácter
eminentemente defensivo y se había centrado sobre todo en las
lenguas propias,
en su cohabitación con el castellano y en la difícil resistencia
ante la poderosa y prestigiosa «lengua común» —hegemónica, en
realidad— de España. En septiembre del 2012, el giro político
propiciado por la masiva manifestación independentista de la Diada
convirtió el viejo sueño de lograr para Cataluña un Estado propio
en un horizonte al alcance y por primera vez planteó la necesidad de
visualizar los escenarios de gestión lingüística que la república
catalana podía brindar. La aceleración del proceso soberanista
durante el 2012 conllevó, sin embargo, que las primeras voces que se
expresaran públicamente al respecto estuvieran lejos de un análisis
sosegado, plural y entendido, alejado de los focos mediáticos, y que
la cuestión quedara, desde el primer día, expuesta al gran público
y teñida por el tacticismo político y por lo que podríamos
denominar una sociolingüística
de salón. Tintes y
cauces que ya eran habituales en los discursos públicos sobre las
lenguas en Cataluña del período autonómico, cabe decirlo. De
hecho, los postulados del sector que, desde tribunas de prensa,
inició el debate de las lenguas en un Estado propio revelan
sorprendentes continuidades con planteamientos precedentes.
Cronológicamente,
las controversias públicas en prensa han discurrido en diversos
turnos de acción-reacción, con contribuciones que han desencadenado
series más o menos largas y cruzadas de réplicas y contrarréplicas.
La primera tanda se inició en enero del 2012. El encargado de abrir
el fuego fue Eduard Voltas, ex secretario de Cultura de la
Generalitat de Catalunya por parte de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) durante los Gobiernos autonómicos tripartitos
(formados por ERC, el PSC e ICV-EUiA) y periodista de la órbita del
grupo de comunicación Cultura.03, afín a ERC.
En su artículo «La
tribu o l’Estat» (‘La tribu o el Estado’), Voltas, tomando
como punto de partida las encuestas del Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO),
planteaba, de un lado, la necesidad de trabajar un discurso que
decantara al 1,2 millón de personas que en Cataluña se sienten más
bien o sólo españolas —a los que adjudicaba libérrimamente el
castellano como lengua de origen o preferente
y presuponía contrarios a la independencia—a favor del «Sí» en
un hipotético referéndum de autodeterminación, y, de otro, la
necesidad de evitar una fractura social en la república catalana por
razones de identidad. Este artículo recibió un réplica inmediata
procedente de sus mismas filas políticas: en un artículo de tono
contemporizador, el lingüista y concejal de ERC Xavier Mir, señaló,
sin embargo, la falta de rigor de Voltas en la lectura de los datos
demoscópicos, la simplificación que suponía obviar el actual
carácter multicultural de la sociedad catalana y las complejas
identidades que de ello se derivan, y el recurso a un apriorismo: que
el independentismo estuviera vinculado a diferencias étnicas. Esta
acertada observación de Mir evidenciaba la reedición en el discurso
de Voltas de la lectura etnicista de la sociedad catalana que
realizaban quienes, en la década de 1980, defendían una política
de normalización lingüística para el catalán. En aquel momento,
el sentimiento de pertenencia a la comunidad española o a la
catalana era muy intenso, y el criterio de discriminación entre una
comunidad y la otra era la lengua. La superación de estas
diferencias se hizo depender de la integración de ambas comunidades
en una sola comunidad, que no podía ser monolingüe en catalán
debido al estatus jerarquizado de las lenguas en España y a la
oficialidad del castellano en todo el territorio español, por lo que
debía ser forzosamente bilingüe, situación que pretendía lograrse
mediante la aplicación de medidas de extensión del conocimiento y
del uso público de la lengua minorizada: el catalán. Obviando las
complejas amalgamas de identidades y de competencias y usos
lingüísticos resultantes de las políticas de recuperación y
dinamización del catalán y de la llegada de inmigración exterior,
Voltas inició, pues, el debate partiendo de postulados de un rigor
cuestionable.
No obstante, sus
reflexiones no quedaron desacreditadas por esta evidencia. Albert
Branchadell, sociolingüista políticamente favorable al federalismo
y contrario al secesionismo, distinguido por la defensa de un
discurso sobre la lengua y sobre la planificación lingüística en
Cataluña que ha intentado compatibilizar la defensa de una
normalización plena del catalán con los principios del liberalismo,
reforzó la tesis de Voltas azuzando la estrategia del miedo. Según
Branchadell (20/02/2012; en Sendra 13/06/2013), el supuesto fracaso
de repúblicas de reciente creación se debería a conflictos étnicos
internos irresueltos. Aunque podía presuponerse que en su discurso
iba implícita la defensa del mantenimiento del actual statu
quo lingüístico y simbólico como forma de
evitar los efectos negativos de los períodos de inestabilidad que la
estatalización puede conllevar, para evitar tal conflicto
Branchadell no proponía ninguna medida profiláctica relacionada con
símbolos identitarios como las lenguas. Sería de nuevo Voltas en su
artículo «En castellà també si us plau»
(‘En castellano también, por favor’; 26/02/2012; en Sendra op.
cit.) quien recuperaría la fórmula
magistral que ya se había aplicado en los años ochenta para superar
la división étnica de la sociedad catalana: el bilingüismo social,
jurídicamente consagrado con la declaración de doble oficialidad
(castellano y catalán) en la futura república. Como se mostrará a
continuación, la propuesta de Voltas mantenía su visión de
partida, añadía nuevos errores de apreciación del escenario
sociolingüístico actual, desencadenaba un debate prematuro en un
momento en que la independencia era, más que ahora, un futuro
políticamente incierto, y eludía cuestiones constantes y relevantes
en los debates sobre la(s) lengua(s) en Cataluña, a la vez que
abundaba en corrientes de opinión precedentes y adoptaba incluso
elementos del discurso del españolismo lingüístico. Con respecto a
esto último, proponía al catalanismo abrazar la idea de que, en lo
referente a las lenguas, el rasgo lingüístico definitorio de la
sociedad catalana es el bilingüismo catalano-español: «Sí, se
trata de un cambio de paradigma radical para el catalanismo
lingüístico de toda la vida. Es pasar del bilingüismo como amenaza
al bilingüismo como valor identificativo del proyecto de país»;
una asunción que animaba a realizar por tres razones estratégicas:
en primer lugar, porque el futuro Estado catalán no podría
construirse sobre la base de la «alergia a la diversidad interna»;
en segundo lugar, porque diluiría la supuesta desconfianza «de la
mitad castellanohablante» ante posibles consecuencias
discriminatorias de la estatalidad sobre la lengua y la identidad
españolas; y en tercer lugar, decía, porque el castellano supone
para Cataluña un activo económico irrenunciable. Voltas hablaba
además de que la Cataluña independiente debería ser «rigurosamente
garantista de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos»,
entendiendo el estatus que proponía para el castellano y el catalán
como una extensión de la actual condición de ciudadanía española
de sus hablantes. Es decir, el castellano y el catalán debían ser
las lenguas oficiales de los ciudadanos del nuevo país porque lo
eran de los del antiguo, una inferencia que pasaba por alto el
complejo carácter poliétnico (y binacional si se considera a la
minoría aranesa) de la sociedad catalana. En su propuesta, Voltas
obviaba que una Cataluña independiente, además de sufrir muy
probablemente nuevos flujos migratorios, deberá reconocer derechos
de ciudadanía a todos los habitantes nacidos en el territorio y
probablemente naturalizará a buena parte de la emigración reciente
radicada desde hace tiempo en el país, que en los últimos treinta
años ha aportado al territorio cerca de trescientas lenguas de todas
las partes del mundo, cuasi invisibilizadas en lo público pero
algunas con importantes bolsas de hablantes estables. Hoy, más de un
10 % de los habitantes de Cataluña no tienen ni el castellano ni el
catalán como primera lengua (Comellas et alii 2010: 55). Las
garantías que Voltas quería prometer se limitaban, pues, al
reconocimiento de derechos individuales (ciudadanía española) y
colectivos (identidad nacional española representada en la lengua
castellana e identidad nacional catalana representada en la lengua
catalana) preexistentes, de tal modo que la catalanidad no alcanzaba
ni a ser una condición administrativa (propia de todo aquel que vive
y trabaja en Cataluña), sino un sucedáneo de la españolidad. La
elisión del componente multiétnico y multicultural de la sociedad
catalana llevaba, además, a omitir cuestiones primordiales; por
ejemplo,
cómo compatibilizar la realidad multilingüe de Cataluña (incluida
su actual tercera lengua oficial, el aranés) y los derechos
individuales de la parte de la población de nueva inmigración, con
la continuidad del estatus y de las políticas bilingüizadoras.
Como se vería en las réplicas que recibió, el retrato
parcial de la realidad lingüística catalana que realizaba Voltas
obviando la existencia de la emigración reciente no era el único
«error» de apreciación. Por ejemplo, Voltas hablaba del
bilingüismo como una condición natural de Cataluña —una
naturalización constante en el discurso del españolismo
lingüístico—, ignorando o queriendo ignorar que se trata de una
situación coyuntural, de un statu quo resultado histórico de
la conjunción de un proceso de unificación política y
homogeneización cultural y de los flujos migratorios. En resumidas
cuentas:
1. Desde el Decreto
de Nueva Planta hasta el franquismo, es consecuencia de la imposición
del castellano como lengua nacional de España, con un estilo
impositivo especialmente virulento y sustractivo durante las
dictaduras del siglo XX, por la dura (y también dilatada durante el
régimen franquista) persecución de las lenguas autóctonas de
Cataluña. En estas circunstancias, el franquismo establece un
programa de extensión social del castellano y recesión de las
lenguas aranesa y catalana que se vale de una serie de mecanismos
facilitadores,
a saber:
a) proliferación de medios de comunicación y
entretenimiento y de producción cultural única o muy
mayoritariamente en castellano;
b) educación obligatoria generalizada
exclusivamente en esta lengua;
c) actitudes de subordinación por parte de los
catalanohablantes, que se concretan, por ejemplo, en la tendencia a
cambiar de lengua en el contacto con castellanohablantes (en el caso
de que exista suficiente competencia en castellano);
d) llegada de grandes masas de inmigración
mayoritariamente de habla castellana en un marco favorable para el
mantenimiento del monolingüismo en castellano.
2. Desde el franquismo hasta hoy, es también fruto:
a) de un régimen jurídico jerárquico, que ha
mantenido la oficialidad exclusiva del castellano en todo el
territorio español, compartida —aunque no en igualdad de términos—
con el catalán y el aranés en Cataluña (y con otras lenguas
distintas del castellano en otras comunidades autónomas);
b)
de una jurisprudencia que ha entendido que tal restricción
territorial implica asimetrías en el contenido de la doble
oficialidad (por ejemplo, la obligación de todos los ciudadanos de
España de conocer el castellano, pero no de los catalanes y araneses
de conocer el catalán ni el aranés),
y
c) del mercado lingüístico favorable al
castellano establecido en los siglos precedentes, especialmente
durante el franquismo.
Todos estos factores históricos han operado
conjuntamente para establecer una sociedad bi o trilingüe en cuanto
a competencias idiomáticas adquiridas, pero no necesariamente en
cuanto a práctica lingüística. Al obviar todo esto, Voltas
atribuía implícitamente al castellano las condiciones de
implantación histórica exigibles para ser reconocida como lengua
propia del país, algo que la toponimia, el folclore, la
dialectología hispánica, y el conocimiento histórico de la
implantación y extensión social del castellano en Cataluña
ponen en serias dudas.
Al mismo tiempo, infinidad de
asuntos relacionados con la doble oficialidad quedaban suspendidos en
un vacío argumental que no sería capaz de llenar en posteriores
contribuciones. Voltas no se planteaba siquiera los
escenarios derivados de su propuesta, como qué comprensión del
término oficialidad
debería seguirse, lo que no es cuestión menor habida cuenta de la
particular interpretación que la legislación y jurisprudencia
españolas han hecho de él, como se verá (§ 2.3 y 2.5). O qué
consecuencias tendría el mantenimiento del actual statu
quo en la organización y distribución de
los usos públicos de las lenguas que sólo un Estado puede gestionar
y que hasta ahora no han sido competencia catalana; ni cuál sería
su impacto en la valorización social de cada lengua o en la
conformación de una imagen-país específica y discernible, siendo
que la ordenación jurídica de las lenguas tiene también un valor
simbólico y, para un Estado, «oficializar una lengua supone [...]
una suerte de reconocimiento público sobre cuál es su elemento de
identidad lingüística» (Ruiz Vieytez 2005: 272). Tampoco
mencionaba qué grado de competencia bilingüe sería exigible a la
población, ni qué competencia se exigiría en otras lenguas, ni qué
efectos podría alcanzar la interferencia entre ambas lenguas en su
estructura e identidad. Ninguna previsión hacía sobre las dinámicas
competitivas a las que desembocan las situaciones de bilingüismo
social en que ambas lenguas pretenden cumplir las mismas funciones,
ni, en función de dichas dinámicas, sobre qué lengua podría
llegar a asumir el papel de lengua franca (la lengua que por defecto
y de manera automática se utiliza en la intercomunicación social en
el contacto entre desconocidos) o de lengua tendencial entre grupos
mixtos de hablantes.
Entre las muchas
omisiones de asuntos capitales en la cuestión de las lenguas en
Cataluña, el artículo de Voltas no hacía tampoco la menor
referencia a aspectos conflictivos ya planteados precedentemente y
que seguirían vigentes en un nuevo Estado, como el delicadísimo
asunto de cómo abordar las asimetrías persistentes en el uso social
y privado de castellano, aranés y catalán, favorables a la
hegemonía de la lengua española. Tales desequilibrios no se
explican sólo por el superior estatus jurídico del castellano en
España —ventaja que, también en lo jurídico, podría repararse
en un Estado catalán—, sino por el efecto de atracción que ejerce
su valor de mercado,
signos de poderío propios de las lenguas expansivas con un pasado
imperial que un nuevo Estado no es capaz de compensar sin implementar
políticas firmes de discriminación positiva y promover discursos
públicos socialmente performativos que movilicen la lealtad de los
hablantes hacia las lenguas minorizadas. La simple declaración de
oficialidad exclusiva para estas lenguas es, de por sí, un
instrumento de discriminación positiva. No obstante, siendo mucho
más suaves, las medidas de reparación, protección y dinamización
del catalán y el aranés del período autonómico han topado con
grupos minoritarios reacios a su aplicación, que mantendrán su
activismo en este campo, lo que exige que cualquier propuesta de
gestión lingüística en la república catalana se plantee
seriamente todas las implicaciones y dificultades de una política de
normalización plena
para el catalán y para el aranés, y sepa afrontarlas si se decide
normalizar ambas lenguas.
En esta línea de elisiones, también brillaba
llamativamente por su ausencia la referencia a una constante
histórica en los discursos sobre la lengua en Cataluña: la amenaza
de muerte del catalán (y el aranés) a manos del castellano, que se
sostiene como real atendiendo al patrón que muestra la
sociolingüística histórica, según el cual el bilingüismo social
no es una situación estable, sino un estadio intermedio en un lento
proceso de desplazamiento lingüístico, que acaba en la sustitución
de la lengua más débil. Con esta omisión, Voltas obviaba de paso
el hecho de que la aceptación del bilingüismo social que proponía
podía suponer al mismo tiempo una renuncia a priori a la continuidad
del catalán y del aranés en su territorio de origen, una renuncia
que el autor no exigía a los catalanes respecto del castellano, pese
a que esta lengua tiene todas las oportunidades no sólo de seguir
viva, sino de mantener su hegemonía en muchos países.
Pese a que todos estos trasfondos, incongruencias,
elisiones e incertidumbres saltaban a la vista y resultaron
fácilmente objetables,
con este artículo de Voltas publicado por el diario Ara (afín
a ERC) quedó oficialmente inaugurada una línea argumental táctica
encabezada por este rotativo, como resultó evidente en el editorial
que publicó al día siguiente su director, Carles Capdevila
(27/02/2012; en Sendra op. cit.)
y, con posterioridad, en las reiterativas aportaciones de otros
articulistas fijos del diario (particularmente las del escritor
Sebastià Alzamora y las del productor televisivo y escritor Toni
Soler, que incluso llegó a hablar de una fortaleza del catalán poco
acorde con su realidad; todos ellos en Sendra op.
cit.).
En su editorial, Capdevila hizo además una significativa aportación
al discurso de Voltas: considerar que el elemento identificador que
une a todos los catalanes y tiene fuerza cohesionadora no es la
lengua catalana, ni mucho menos el catalán y el aranés, sino el
bilingüismo castellano-catalán; es decir, que lo común a los
catalanes no es lo que históricamente tenían como elemento
diferenciador, sino lo que, como otros españoles, habían adoptado
(forzosamente) como elemento de identidad compartida: la lengua
castellana:
El del castellano es uno de los últimos tabús del
catalanismo, y que nos atrevamos a abordarlo en positivo, no sólo
con respeto sino con afecto y convicción, añadiría nuevos
elementos a los argumentos económicos para gestar un modelo soberano
atractivo, integrador y vencedor. Entiendo y comparto algunos
recelos porque la nuestra ha sido y es una lengua amenazada, pero
quizá se trata de dejar de caer en la trampa de actuar a la
defensiva y hacerlo al ataque. No pensar tanto en tensiones con
Madrid sino en lo que nos une a todos los catalanes. No
es la cantinela de caer bien a España, es la de cohesionar
Cataluña para abordar el futuro siendo muchos, menos recelosos y
aspirando a todo. [En catalán en el original. Las cursivas
son mías.]
De este modo, aunque también abría las puertas a la
disensión, la línea editorial del diario Ara adoptaba
internamente, sin apenas fisuras —la excepción, y remarcable,
sería su lingüista y jefe de Redacción, Albert Pla Nualart—, las
actuales tesis del nacionalismo lingüístico español, subrayando no
sólo las virtudes económicas del castellano que ya había señalado
Voltas, sino tres significativos atributos más: universalismo
(el castellano es una lengua hablada en todo el mundo, como señalaba
Toni Soler en su artículo del 3 de marzo del 2012), inclusividad
(sólo el bilingüismo [= castellano] tiene las propiedades
integradoras necesarias, como daba a entender Capdevila) y concordia
(sólo el bilingüismo [= castellano] es la lengua de encuentro,
el instrumento que posibilitará la cohesión social, también según
Capdevila), ideologemas del postnacionalismo hispánico cuyo
contenido supremacista y función blanqueadora y propagandística ha
analizado lúcidamente José del Valle (2005 y 2007):
Como ya he señalado en trabajos anteriores [...] (J.
del Valle y Gabriel-Stheeman, 2002),[...] al analizar la imagen del
español desarrollada por las mencionadas instituciones [rae
e Instituto Cervantes], nos encontramos, en primer lugar, con que
aparece insistentemente caracterizado como lengua de encuentro,
como instrumento de comunicación que posibilita un diálogo y
una convivencia armónica propios, aparentemente, de una patria
común. Este principio lo formulaba así, de forma concisa pero
extraordinariamente elocuente, Víctor García de la Concha, [...]
actual Director de la Academia: «Es realmente emocionante cómo la
lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de
comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia
superior» (citado en El País, 9 de julio del 2000). [...] El
«encuentro» hizo su más sonada aparición en un muy controvertido
discurso pronunciado por Juan Carlos I: «Nunca fue la nuestra lengua
de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a
hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes
hicieron suyo por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes» (Juan
Carlos I, ceremonia de entrega del Premio Cervantes , 23 de abril de
2001).
La segunda idea que perfila la imagen del español en la
política lingüística a la que aquí me refiero afirma el
carácter internacional del mismo. Esta proyección global del
idioma se deriva no sólo de su presencia en los países que
constituyen el mundo hispánico sino, y muy especialmente, de su
capacidad de expansión. [...] hay que señalar que la
expansión del idioma se suele justificar más bien invocando los
valores universales que se le atribuyen, tanto político-culturales,
como hemos visto en el párrafo anterior, como económicos, como
veremos en el que sigue. [...]
Las virtudes conquistadoras de la lengua son buenas
compañeras de la tercera y muy valiosa propiedad que se le asigna:
su condición de recurso económico [...] el español como
producto anhelado por extranjeros ansiosos de aprenderlo y con ello
incrementar su capital cultural; el español como instrumento
publicitario, como imagen de marca que hace un producto más
apetecible; y el español como basamento de la identidad panhispánica
que invita y legitima las inversiones e intervenciones españolas en
las Américas.
[...]
Volvamos brevemente a la imagen del español dibujada
por el Director de la Academia: «Es realmente emocionante
cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro
y no sólo como canal de comunicación.
La lengua nos hace patria común
en una concordia
superior» (citado en EL PAÍS,
9 de julio de 2000, subrayado mío). En el fondo de esta imagen, se
sitúa el rasgo básico que caracteriza a cualquier lengua: su poder
comunicativo. Se asume, por supuesto, que el español, al ser una
lengua altamente codificada y elaborada, está dotado de una especial
transparencia significativa. Pero más sobresaliente aún es el hecho
de que, al referirse a la lengua, el director de la Academia no se
limita a señalar su utilidad: el español es más —debe ser más—
que un simple instrumento al servicio del diálogo eficiente. Como
canal de comunicación que es, produce el «encuentro» de todos
aquellos que lo hablan y el establecimiento de una comunidad
caracterizada por la «concordia». Por medio
de estas figuras del lenguaje, García de la Concha asocia el español
con un valor superior, ya no sólo limitado a
la utilidad administrativa o a la rentabilidad económica, sino
estrechamente vinculado a un orden moral y
cívico. [José del Valle 2005: en línea;
las negritas son mías.]
No me atrevería a afirmar que Voltas, Capdevila y
Soler asuman estas representaciones del castellano, pero tal vez sí
creyeran que es el único discurso que los catalanes hispanófonos
son capaces de entender. De hecho, más de una de las réplicas
críticas a sus artículos se preguntaban qué opinarían los
castellanohablantes de todo ello. Tardaría en saberse.
[...]
[Sigue en: «¿Qué supondría la oficialidad del castellano en una Cataluña independiente?».]