sábado, 6 de octubre de 2012

Breve historia del conflicto (político, institucional, educativo y lingüístico) Cataluña-España, 2: «El problema catalán»









1.6.2. Nacionalismos periféricos vs. panhispanismo. Los movimientos de rechazo y defensa de la nación y la lengua únicas

Desde finales del XIX, la evolución política de los provincialismos1 y la superación del ideario romántico de los movimientos de recuperación cultural de mediados de siglo (como la Renaixença catalana, balear y valenciana o el Rexurdimento gallego), condujeron a diversas regiones de la periferia hacia un camino de decidida afirmación identitaria y reinvidicación de su carácter nacional por el que aún discurre la vida política española, que comportó demandas de reconocimiento y de reformulación de las relaciones con el centro de poder, llegando a plantear una amenaza al modelo político y a la base étnica que sustentaba el Estado nación español. Hasta ese momento, la actitud de las élites no castellanohablantes había sido más bien favorable a los proyectos uniformistas y permeable a la propuesta nacionalizadora española, que implicaba la naturalización del artificio que es todo Estado mediante la elaboración y propagación de una narrativa nacional fundamentada en mitos y símbolos (algunos de base étnica, como la lengua castellana), elaborados con el fin de inculcar a los ciudadanos la conciencia de una identidad española común, unitaria e inmanente: «Así se hizo a partir de la tesis tradicional que postulaba que la nación española era una realidad preexistente, fruto de una larga convivencia que cristalizaría en la unidad territorial y política de los Reyes Católicos» (Simón i Tarrés, 1994: 195; en catalán en el original). En el caso de las élites catalanas,

[…] el discurso predominante en la Renaixença fue un discurso subordinado, socialmente y lingüísticamente conservador, orientado hacia el pasado y que en ningún caso puso en duda la posición hegemónica que estaba a punto de alcanzar la lengua nacional del Estado. Como ha destacado Pierre Vilar, la timidez política, lingüística y cultural caracterizó este precario enderezamiento, regentado por los mismos que homenajearon a la monarquía en los Juegos Florales, se extasiaron delante las proezas africanas de los voluntarios catalanes y se incrustaron cómodamente en los circuitos de la vida política española, sin mover un dedo ni pronunciar una palabra ante la aprobación del primer gran paquete de medidas legislativas adoptadas para garantizar la supremacía del español como lengua nacional y oficial del Estado, y anular la concurrencia de las otras lenguas […]. [Pueyo, 2003: en línea.]

[…] En Cataluña, el ideal de una España-nación también estará presente en la cultura emergente de una burguesía catalana interesada en la defensa de un mercado nacional español. Un autor como Jaume Balmes —principal teórico de un proyecto político y cultural al servicio de las aspiraciones de dominio y estabilidad de la burguesía catalana y que defendía un pacto entre los resultados de la revolución liberal y la tradicional fuerza de la religión y la Iglesia— asumía plenamente el discurso historiográfico de la unidad nacional española y sus referentes históricos claves. [...] La historiografía y la imaginería histórica de la cultura de la primera Renaixença trató de obviar tanto las contradicciones sociales internas de la formación histórica catalana como los recuerdos conflictivos con el poder central hispánico-castellano en las primeras etapas de la formación del Estado moderno español. [Simón i Tarrés, 1994: 196-197.]

En el aspecto lingüístico, sería en el periodo crítico de la Restauración que preludió el desastre del 1898 cuando, tanto en el País Valenciano como en el Principado de Cataluña, tendrían lugar las primeras campañas de reclamación de oficialidad para la lengua catalana y de plena integración en la enseñanza de las lenguas no castellanas, articuladas por el impulso del catalanismo político y del regionalismo valenciano.2 En 1893, en la segunda asamblea de la Unió Catalanista, ante el desconocimiento del español que manifestaba la mayor parte de los catalanes, Lluís Duran i Ventosa defendió una propuesta, que sería aprobada unánimemente, para que se exhortara a los ayuntamientos, a los abogados y a los prelados de Cataluña a utilizar la lengua catalana en su labor siempre que la ley lo permitiera —la legislación vigente, por ejemplo, no obligaba a los ayuntamientos a utilizar el castellano en sus actos oficiales— y a solicitar permiso a las autoridades para emplearlo cuando por ley no fuera posible. La cuestión de la lengua en la enseñanza apareció también, aunque de forma tangencial, en los acuerdos de la asamblea. Los delegados de la Unió aprobaron un ambicioso plan de ediciones de contenido catalán y catalanista, que, entre otras publicaciones, incluía libros de texto. Se acordó también la creación de un patronato de escuelas catalanas y el establecimiento de premios anuales para los maestros que destacaran en la enseñanza de la lengua, la literatura y la historia catalanas.
Cabe decir que, en una primera etapa, la aplicación de estos acuerdos fue muy irregular; el activismo lingüístico de los catalanistas continuó suscitando el rechazo de los círculos castellanistas (prensa, políticos, funcionarios, etc.) y topando con la oposición de los gobernadores civiles y de las diputaciones provinciales. Las principales corporaciones privadas catalanas no fueron mucho más receptivas al catalán que las instancias oficiales. Pero esta actitud dio un vuelco a partir de 1895, cuando el dramaturgo Àngel Guimerà, nuevo presidente de la entidad cultural Ateneu Barcelonès, cuya junta directiva había caído en manos de la Unió Catalanista, escogió como tema de su discurso inaugural «La llengua catalana» y decidió pronunciarlo en catalán. Su gesto tendría un efecto movilizador inesperado.
Tres años más tarde surgió la primera petición parlamentaria de iniciar una progresiva normalización de las lenguas no castellanas en las escuelas por parte del diputado valenciano Manuel Rojo y Peylorón, profesor del Instituto de Valencia y uno de los dirigentes del partido carlista valenciano. Arguyendo razones pedagógicas, Rojo demandaba que se exigiera a los maestros de escuela que debían ejercer en territorio de habla no castellana el conocimiento de las lenguas de sus alumnos, para lo cual debía establecerse en las escuelas normales de Valencia la enseñanza obligatoria del valenciano; en las de Barcelona la del catalán; en las de San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona, la del vasco, etc., y exigirse al opositor a una plaza de maestro en estas zonas el conocimiento del castellano y de la lengua regional. Esta primera tentativa fracasó, pero no sería la única.
El 21 de noviembre de 1902, a propuesta del ministro de Instrucción Pública, el conde de Romanones, se firma un real decreto que obligaba a todos los maestros, bajo la amenza de sanciones severas, a enseñar la doctrina cristiana en castellano (cf. Gaceta de Madrid, núm. 327, 23/11/1902, pp. 663-664). El real decreto, de manera excepcional, contiene un proemio donde se exponen los motivos del legislador y los objetivos que pretende alcanzar. En él se declara que la medida se debe a una denuncia realizada por los inspectores de Instrucción Pública de Cataluña, en la que afirman que la mayor parte de alumnos de primaria no entienden el castellano y que, con el pretexto de gozar de permiso para explicar la doctrina cristiana en catalán siguiendo las instrucciones del obispo Morgadas de Barcelona —que como prelado tenía la prerrogativa legal de designar el catecismo con que debía estudiarse—, los maestros explicaban también el resto de disciplinas en catalán, lo que resultaba inadmisible y constituía una amenaza para la nación española y una restricción de su marca imperial:

Fuera temeridad pensar que si educamos á la generación de hoy no enseñándola los principios fundamentales de la Religión en castellano, en el idioma de Cervantes, en aquél que nos sirvió en el Nuevo Mundo para propagar nuestra fe y nuestra civilización, tendríamos mañana ciudadanos unidos por la fraternidad, amantes de la Patria común y capaces de servirla y engrandecerla. Fuera también vana ilusión creer que la enseñanza de la doctrina cristiana en lengua distinta que el castellano no habría de redundar forzosamente en lamentable desconocimiento del idioma nacional con grave daño de los altos intereses de la Patria, que en la lengua tiene su más preciado vínculo de unión entre todas las provincias del Reino, vínculo que en ninguna parte importa tanto robustecer como en las Escuelas, fundamento el más firme de la educación nacional. [Cit. en F. Ferrer i Gironès, 1985: 94-95.]

La práctica denunciada por los inspectores era directa consecuencia del desarrollo de un programa de catalanización de la enseñanza que había permitido su avance en la escuela primaria. Un programa teórico primero en las propuestas formuladas por Valentí Almirall y Francesc Flos i Calcat, y práctico más adelante gracias, de un lado, a la constitución de entidades civiles como la Agrupació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1899; que pasó a ser Associació en 1902), impulsada por Flos; y de otro, a la democratización de los ayuntamientos y las diputaciones. Ambas circunstancias permitieron la creación desde 1898 de un grupo de escuelas catalanas, algunas de ellas vinculadas a agrupaciones democráticas y obreras; que el Ayuntamiento de Barcelona destinara en 1908 una partida presupuestaria a la escolarización y la enseñanza en catalán, y que la Diputación de Barcelona diera, a partir de 1910, carácter oficial al catalán en su administración. Según Ferrer i Gironés, los problemas políticos que acarreó el real decreto de Romanones obligaron a la dimisión del Gobierno español en diciembre de 1902. El 19 de diciembre de 1902, el nuevo Gobierno conservador promulgó una orden ministerial (cf. Gaceta de Madrid, año ccxli, núm. 356, 22/12/1902, t. iv, p. 1061) donde suavizaba el rigor del documento anterior, sin dejar de asegurarse de que la introducción del castellano en las periferias quedara garantizada.
La contestación, procedente de la periferia, de la versión hegemónica de España (centralista, unitarista y uniformizante y, desde una perspectiva pragmática, clamorosamente incompetente) y la conformación del debate interno sobre la identidad nacional española de la etapa de la Restauración mantuvieron en paralelo la articulación, por un lado, de los nacionalismos gallego, vasco y catalán, y por otro, la de un movimiento de proyección hacia América, el hispanoamericanismo (v. § 2), que, desde la década de 1880, había empezado a subrayar la vocación americanista de España como elemento consustancial de la identidad nacional española y que, en la crisis de fin de siglo, contribuyó decisivamente a acentuar su carácter ya acusadamente cultural:

En este sentido, se agudizó, haciéndose ruidosamente explícita, una forma de identidad basada en la lengua y cultura castellanas. Como ha afirmado acertadamente Enrique Ucelay da Cal, ante «la derrota y la urgencia de afirmar la superioridad de los valores morales imperecederos frente a la humillación de la tecnología, el nacionalismo español se tornó lingüístico, anunciando el renacimiento de un imperio cultural, en el cual el predominio español sería simbólico y espiritual, en vez de administrativo». […] Se abrirá así la puerta a una definición de la nación construida sobre una explícita definición cultural y acusadamente esencialista. [Archilés y Martí, 2002: 253-254.]

Tras la pérdida de los últimos vestigios coloniales en Asia y América, España había visto destruida su imagen de gran potencia europea y se vio sumida en una crisis general de índole política, económica, social e identitaria que acentuaría la corriente crítica preexistente y abocaría a la intelectualidad española a una revisión profunda de los valores caducos sobre los que se había erigido, en falso, y a reformular una nueva idea y proyección de España que permitiera regenerarla. En este contexto, los planteamientos hispanoamericanistas se revelaron entonces como el medio de forjar una nueva idea del país cerrando las brechas abiertas en su perfil nacional a las amenazas de desintegración o a la penetración de las visiones alternativas de España que llegaban desde Cataluña, las provincias vascas o Galicia. Así, frente al proyecto de Enric Prat de la Riba de «catalanizar España», que postulaba el traspaso del liderazgo del Estado a manos de la élite catalana y, en contrapartida, la transferencia de los valores de la sociedad civil catalana al resto de España como medidas necesarias para sacar al país de la corrupción y la decadencia, el nacionalismo español blandió la proyección hacia América como el medio de regenerar el país. De hecho, el desarrollo paralelo de las principales estructuras políticas y publicísticas del hispanoamericano y de aquellas de los nacionalismos vasco y catalán es sintomático de la divergencia manifiesta entre los proyectos nacionales castellanocéntrico y periféricos, y de la amenaza que estos últimos representaban para el statu quo político de la España de la Restauración:

Dos años antes de la creación de la Lliga de Catalunya (1887) fue creada en Madrid la Unión Ibero-Americana, la más importante asociación americanista hasta la guerra civil. 1892, el mismo año en el que se aprobaron en Manresa las Bases per la Constitució Regional Catalana y en que Sabino Arana publicaba Bizcaya por su independencia. Cuatro glorias patrias, se celebraba con más pompa que efectividad el IV Centenario del Descubrimiento de América, apareciendo una amplia publicística panhispanista. Si se pueden señalar como hitos conformadores de opinión e inicio de la trayectoria nacionalista los escritos de Prat de la Riva y Pere Muntanyola Compendi de doctrina catalanista (1895) y El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Navarros (1897) de Sabino Arana, de igual modo deben entenderse las obras de Rafael M.ª de Labra, Rafael Altamira y un gran número de artículos en las revistas Unión Ibero-Americana, Revista Contemporánea y La Ilustración Española y Americana; además de buena parte de la literatura regeneracionista, comenzando por El problema nacional (1890) de Lucas Mallada; todo ello encontraba eco en América en obras como Nuestra raza (1900) del argentino Ernesto Quesada. [Sepúlveda, 1994: 320.]

Desde el momento en que el nacionalismo español rehizo y reforzó sus andamiajes con la construcción de la ideología hispanoamericanista, y adoptó el revestimiento de la Madre Patria («símbolo moderno de la comunidad cultura hispanoamericana» [Sepúlveda, 2005: 179]), se hizo, además, impenetrable y profundamente excluyente. Por decirlo de manera gráfica, el panhispanismo proveyó la argamasa necesaria para dar una consistencia incontestable el nacionalismo español, cuadrando su narrativa y rellenando sus fisuras. Así, en la explicación de la continuidad de su conexión con América, ahora espiritual y cultural, hallaba la definición de la propia esencia de España: para que esta «pudiera haber trasplantado su identidad a América era necesario que la tuviera con anterioridad» (Sepúlveda, 1994: 328). En la justificación de la permanencia del carácter nacional supuestamente injertado en América desde el siglo XVI, superando todas las vicisitudes y el paso del tiempo, hallaba la confirmación de la intemporalidad e inmutabilidad de la propia alma española. En la ignorancia de la participación de otras comunidades culturales en la macrocomunidad transestatal, hallaba la forma de negar la mera existencia de otras concepciones de nación. Como señala Sepúlveda (1994: 323), este era el objetivo implícito de intelectuales como Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón o Ruiz Jiménez al subrayar la pertenencia de bonaerenses, limeños, mexicanos y valencianos a una misma comunidad: negar que nunca hubiera habido diferencias separadoras entre vascos, catalanes, gallegos y castellanos.
De entre todos ellos, la aportación al ideario panhispanista realizada por la compleja y contradictoria figura intelectual de Miguel de Unamuno es, sin duda, paradigmática de sus múltiples implicaciones. Al elaborar su interpretación espiritual y cultural de la idea de raza hispánica, encarnada en la lengua, y al ensalzar el castellano como expresión de una visión del mundo y de una proyección universal comunes a sus hablantes, Unamuno hizo contribuciones fundamentales a la deriva política e ideológica que la España castellanocéntrica y postimperial sufriría en el primer tercio del siglo XX:

1. Puso al descubierto como nadie las decepciones, frustraciones y confrontaciones que luego condicionaron el reduccionismo esencialista del nacionalismo español postimperial.
2. Expuso claramente la base cultural y el carácter ofensivo-expansionista de este.
3. Evidenció la doble vertiente política (interior y exterior) del hispanoamericanismo.
4. Y marcó —finalmente a su pesar— el camino hacia la interpretación ultranacionalista que la Falange hizo de su pensamiento, puesta en práctica manu militari en el único terreno donde aún era posible pasar a la acción: España.

En cuanto al desarrollo de los nacionalismos periféricos, en Cataluña la conservadora Lliga Regionalista elaboró y defendió un programa político fundamentado en una estrategia de reivindicación cultural y nacional cuyo fin primero era —según el erudito ensayo de Enric Ucelay da Cal (2003)— crear un ambiente segregado bajo el dominio político de la burguesía comercial, liberal e intelectual que integraba la Lliga; una hegemonía política regional que, en palabras de Oriol Malló (2010), supondría la proyección de la Lliga «hacia el dominio del Estado central mediante una maraña de alianzas y estrategias que diera un perfil imperial, funcional y corporativo al Estado español sobre el sacrosanto dominio de la sociedad civil», trasunto de la red de empresas, asociaciones y grupos de interés que —con destacable participación catalana— nacieron en España a finales del XIX con uno de sus ojos puesto en América Latina. Así, como resultado de la aplicación de este programa político, que incorporaba —en la estela del concepto federalista del Estado, entonces en boga— la reclamación de federación y autogestión de las provincias catalanas, se constituyó en 1914 la Mancomunitat de Catalunya, presidida por el líder de la Lliga Regionalista, Enric Prat de la Riba. Primera y muy limitada experiencia de gobierno autónomo para el Principado desde el siglo XVIII, en lo relativo a la lengua sirvió para acentuar la catalanización de la escuela, particularmente en Barcelona, contando con la actitud favorable de la jerarquía eclesiástica, a la vez que introducía el método Montesori, mejoraba la enseñanza profesional y daba nuevo impulso a la normativización de la lengua.3 Todas las secciones dependientes del Consell d’Investigació Pedagògica, sobre todo las escuelas de verano y las normales, fueron creando una base pedagógica catalana entre los docentes, que permitió favorecer acciones catalanizadoras.
Las elecciones generales del 9 de abril de 1916 dieron un nuevo triunfo a la Lliga Regionalista, que obtuvo 13 diputados, 5 de ellos de la ciudad de Barcelona. Después de las elecciones, la Lliga se abocó abiertamente a la reforma del Estado. El 5 de junio de 1916, en el curso del debate de contestación al mensaje de la corona, un grupo de diputados regionalistas, con Francesc Cambó al frente, presentaron su programa autonomista al Congreso, que incluía una petición de oficialidad del idioma catalán en buena medida suscitada por un ataque anterior de la RAE al avance de las demás lenguas no castellanas y particularmente del catalán (v. § 1.7), asunto que se defendió en un durísimo proceso de discusión parlamentaria.4 El presidente del Gobierno, Romanones, se mostró desde el primero momento contrario a discutir la cuestión de la autonomía, y las propuestas de los regionalistas serían rechazadas por la mayoría liberal, con una fortísima oposición a la demanda lingüística. La incomprensión por parte de los diputados no catalanes, que votaron masivamente en contra, fue absoluta. Después de la negativa del Congreso, los regionalistas se dieron cuenta de que esta era una reivindicación inalcanzable por la vía parlamentaria. No obstante, en los años sucesivos la Lliga continuó impulsando por otras vías el acceso del catalán a las esferas públicas y privadas. De hecho, durante el periodo mancomunitario, el catalán fue la lengua vehicular de las escuelas y los servicios docentes de la Mancomunitat. Según informa Josep Grau Mateu (2004: 368), en el verano de 1923 la red docente de la Mancomunitat estaba formada por una treintena de escuelas que acogían a unos 2600 alumnos. En algunas de ellas, además de impartirse las clases en catalán se exigió a los alumnos, como requisito de ingreso, el conocimiento de la lengua catalana.
La labor impulsora del regionalismo federalista llevada a cabo por la Lliga Regionalista no se detuvo en Cataluña. Desde su nuevo triunfo electoral, los regionalistas intensificaron la propaganda por toda España, convencidos de que se encontraban ante una ocasión única para levantar los movimientos regionalistas contra los partidos dinásticos. A partir del mes de octubre, los representantes de la Lliga realizaron diversos viajes por Galicia y el País Vasco, en un intento de poner los cimientos de una organización regionalista de alcance peninsular. El mes de mayo de 1917 un grupo de valencianistas y otro de vasquistas participaron en un encuentro organizado por la Lliga en Poblet. También se establecieron relaciones con regionalistas aragoneses y gallegos. La estrategia proselitista incluía la propagación de la actitud de reinvindicación y defensa de las lenguas no castellanas, campaña que llevó a Unamuno a denunciar en sus escritos a los catalanes como «exportadores de la rebelión lingüística» (Joan Ramon Resina, 2004: 152). De este modo, la Lliga se consolidaba «como la directora del nuevo movimiento regeneracionista que parecía configurarse por todo el Estado» (Josep Grau Mateu, 2004: 269).
Entre 1918 y 1919 se acentuó lo que, desde la perspectiva española, se llamó el «problema de Cataluña»,5 una situación reivindicativa y conflictiva de enorme trascendencia para la historia de España —también lingüística— que merece por ello un tratamiento de cierto detalle. En noviembre de 1918, Francesc Macià, diputado nacionalista de signo republicano y filoobrerista, en las antípodas de la Lliga, se declaró partidario de la independencia de Cataluña ante el Parlamento español, que casi quedó vacío mientras él hacía uso de la palabra, y en 1919 fundó la Federació Democràtica Nacionalista, preludio de la organización política del independentismo, con Macià como líder, que tendría, según veremos, consecuencias directas en el reconocimiento de la oficialidad constitucional del castellano, que hasta entonces no había sido necesario consagrar en la Carta Magna. De esta efervescente etapa histórica del catalanismo data también el impulso de una ofensiva autonomista catalana, que en el plebiscito sobre la autonomía organizado por la Escuela de Funcionarios de Administración, dependiente de la Mancomunitat, y realizado entre los ayuntamientos de Cataluña, recibió una muy mayoritaria respuesta favorable (98 %) por parte de los electores. Estos resultados llevaron al entonces presidente de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, a reunir al Consell Permanent y a los parlamentarios por Cataluña y, con un amplio y muy variado apoyo de todos los sectores de la sociedad catalana, iniciar el proceso de redacción de unas Bases —o lineamientos generales— para la autonomía catalana, que serían presentadas al Gobierno de coalición liberal de García Prieto el 29 de noviembre de 1918, al tiempo que el líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, hacía malabarismos en Madrid para convencer a un público reticente de que la autonomía de Cataluña no iba a desmembrar España. Aunque no podían considerarse un anteproyecto de estatuto de autonomía, el carácter maximalista de estas Bases provocó la inmediata división del gobierno de coalición, que acabó disolviéndose. Lo sustituyó un Gobierno aún más minoritario, presidido por Romanones, que empezó a recibir las presiones de la reacción contra las aspiraciones autonomistas que se había organizado en las diputaciones castellanoleonesas, a cuya causa se sumaron las ocho diputaciones andaluzas. De ellas se desmarcaría el regionalista andaluz Blas Infante, que envió un mensaje de solidaridad a Puig i Cadafalch en nombre del Centro Regionalista Andaluz de Sevilla. Y el aragonesismo político también tuvo una actitud favorable al autonomismo catalán, pues consideró que el proceso autonomista abierto por Cataluña beneficiaría a Aragón. En el País Vasco, la influencia de la campaña catalana fue muy notable, aunque la unidad de acción vasca que propició no fue completa: topó con la Liga Monárquica, el socialismo de Indalecio Prieto y el sector mellista del tradicionalismo vasco.6 La campaña anticatalana recibió el muy activo impulso del Círculo de la Unión Mercantil y la Cámara de Comercio de Madrid, del trust de periódicos políticos madrileños, al que se unió ABC, el diario de más tirada de España, y buscó adhesiones populares con la campaña de boicot de los productos catalanes del otoño de 1918, precedente de la de 1932, cuando se debatió el estatuto catalán de aquel año, y de las del 2005 y el 2006, cuando se hizo lo propio con la reforma del de 1979, lo que permite calificarla de verdadero clásico en el litigio histórico Cataluña-España. El 10 de diciembre de 1918, Cambó pronunció un discurso en el Congreso en el que hacía depender la integración definitiva de los regionalistas catalanes en la política general española —lo que equivalía a apuntalar un sistema en plena crisis— de una respuesta rápida y satisfactoria a las reivindicaciones catalanas. El resultado de la sesión, opuesto a las expectativas de Cambó, condujo a la retirada de los parlamentarios catalanes del Congreso como recurso táctico de presión. El 17 de diciembre, la Mancomunitat recibía la respuesta de Romanones al mensaje y a las Bases presentadas el mes anterior al Gobierno precedente. Declaraba que consideraba la autonomía de Cataluña y de otras regiones o de todas «perfectamente compatible con la unidad de la patria e íntegra soberanía del Estado» y, acto seguido, con la intención de tranquilizar a la opinión pública española, definía lo que el Gobierno entendía por autonomía: «el pleno derecho de los Poderes regionales en ejercer las facultadas que las Cortes españolas les otorguen, de una manera total, completa, absoluta, quedando a salvo íntegramente la soberanía inmanente del Estado Español para derogar y modificar el estatuto de autonomía votado por las Cortes y sancionado por la Corona, y para corregir las extralimitaciones en que pudieran incurrir los poderes regionales» definición que no se encontraba en las Bases de la Mancomunitat, pero que Cambó había asumido de hecho en su penúltimo discurso en el Congreso. Romanones anunciaba también la designación de una comisión extraparlamentaria que preparase una ponencia conciliadora, cuyas conclusiones serían asumidas por el Gobierno. No obtuvo la respuesta esperada y en enero de 1919 se formalizaron y tramitaron en paralelo dos iniciativas que planteaban estrategias diferentes para afrontar las aspiraciones autonomistas y que aludían a su vez a la cuestión lingüística: el Proyecto de Autonomía finalizado en 11 de enero de 1919 por la comisión extraparlamentaria, en cuya redacción finalmente no intervino ningún diputado catalán, que fue presentado al Congreso el día 20, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Asamblea de la Mancomunitat el 25 de enero de ese mismo año y ratificado por la Asamblea de Municipios. El proyecto gubernamental era fundamentalmente un proyecto regionalizador de cautelosa descentralización administrativa, estructurado en un total de veintidós bases, veintiuna de las cuales tenían como objeto regular los municipios de toda España. Sólo se hacía referencia a la autonomía regional en la base 22, dividida en dieciocho artículos y tres disposiciones, de la cuales cuatro se referían brevemente a la autonomía vasca según lo establecido por la subcomisión de vocales vascos de la comisión extraparlamentaria encargada de elaborar el proyecto. Siguiendo la idea de que, con la simplificación de algunos engranajes administrativos y las concesiones teóricas a ciertas aspiraciones sentimentales (la lengua y el respeto de los fueros), bastaría para dar satisfacción a los autonomistas, en esta base se esbozaba también un marco juridíco-lingüístico que, respecto al catalán, daba particulares garantías de su presencia en ámbitos hasta entonces monopolizados por el castellano —incluida la enseñanza—, a un nivel incluso más amplio que la legislación actual en el caso del régimen de capacitación lingüística de jueces, magistrados y Ministerio Fiscal (A. M. Pla Boix, 2005: 191), una concesión a la que el propio Romanones se había negado sólo dos años y medio antes. A pesar de esta y otras cesiones, de un valor indudable e impensables poco tiempo atrás, desde las filas catalanas se recelaba de ellas y se consideraba que el proyecto gubernamental distaba mucho de los mínimos a los que aspiraban los políticos regionalistas más moderados. Por ello, la Mancomunitat dedicó sus energías a la elaboración del segundo proyecto, este sí plenamente autonomista aunque, paradójicamente, menos ambicioso que el proyecto Romanones en sus aspiraciones lingüísticas, que limitaban al establecimiento de la obligatoriedad del catalán en la enseñanza primaria de Cataluña. No obstante, ninguna de las dos iniciativas prosperaron.
La década de 1920 arrancó presidida por un clima de fuerte inestabilidad y de radicalización política y social. En 1922 se creó Acció Catalana, escisión de la Lliga Regionalista que había surgido de la Conferència Nacional Catalana, convocada por antiguos miembros de la Unió Federal Nacionalista Republicana, por jóvenes intelectuales independientes y por miembros de las juventudes de la Lliga disconformes con la actuación de los dirigentes de su partido, a su juicio poco nacionalista, excesivamente conservadora y colaboradora con los gobiernos de la monarquía. En el verano de 1923, Acció Catalana pactó con los nacionalistas vascos y gallegos la Triple Alianza (TA, llamada también Galeusca), tomando así el relevo de la Lliga en la dirección de la política peninsular del catalanismo. La TA exigió a las Cortes de Madrid la concesión de una plena soberanía política para los tres territorios históricos, que se reafirmaron en su derecho a luchar por este fin, incluso de ser preciso con métodos extremos. No hubo oportunidad de ello: el sistema político de la Restauración estaba a punto de colapsarse. La división en numerosas facciones de los viejos partidos dinásticos, que se habían alternado en el poder, dificultaba la constitución de un Gobierno con fuerza suficiente para asumir la regeneración del país. El régimen se veía también incapaz de frenar la protesta obrera, cada vez más intensa en toda España y sobre todo en Cataluña. Ante la parálisis del sistema, las clases dominantes peninsulares, el Ejército y el propio monarca empezaron a considerar el recurso a la dictadura militar. Provocó además alarma que llegase a las Cortes el asunto de las responsabilidades de la cúpula militar española en la sangrienta derrota de 1921 en Annual (región del Rif, Marruecos), que llevó a la muerte a unos dieciséis mil reclutas,7 y que la prensa y el Parlamento investigaran las implicaciones del propio monarca en la debacle.
En Cataluña, donde el Ejército convivía a diario con la insurrección obrerista y con el ascenso del nacionalismo y el secesionismo, contaban con un clima propicio: la escalada de la conflictividad social durante el segundo y el tercer trimestres de 1923 había posicionado a la patronal catalana en contra del Gobierno liberal de García Prieto, del que también se habían distanciado los regionalistas de la Mancomunitat a causa de su política anticatalanista, afianzando sus vínculos con Capitanía General. Es, pues, en Cataluña donde se urde la trama golpista que culmina la noche del 12 al 13 de septiembre. Dos días después de la represión violenta de la manifestación nacionalista del 11 de septiembre que se había organizado durante el encuentro de la Triple Alianza en Barcelona, el pronunciamiento del general Miguel Primo de Rivera —a la sazón capitán general de la Ciudad Condal— enterró definitivamente la etapa de la Restauración y dio inicio a un período dictatorial de siete años, que puso fin a la Mancomunitat en 1925. Así expuso su ideario, fines y motivos:

Al país y al Ejército:

Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. [...] Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin poner remedio a nada, dañan tanto y más la disciplina que esta recia y viril a que nos lancemos por España y por el rey. [...] No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano le manda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernantes, agentes de autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación de moneda, francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad, rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbre ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo; precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades, y..., por último, seamos justos, un solo tanto a favor del Gobierno, de cuya savia vive hace meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e incompleta persecución al vicio del juego.[8]

Aunque no todo el Ejército español reaccionó de forma favorable al golpe militar, la falta de una reacción del Gobierno de Madrid y el decidido apoyo a los generales golpistas del rey Alfonso XIII y de buena parte de los sectores económicos e incluso políticos fueron decisivos para garantizar el éxito del pronunciamiento. Entre la burguesía catalana se acogió el golpe como el remedio para atajar la ofensiva del sindicalismo cenetista y la revuelta social y se confió, de forma ilusoria, a los insurrectos la continuidad de la causa autonomista y la aceptación de las reivindicaciones lingüísticas. Algún fundamento había: con anterioridad al golpe de estado, en calidad de capitán general de Cataluña, Primo de Rivera había prodigado diversas muestras de simpatía hacia la lengua catalana, lengua que procuraba usar en su contacto con las gentes del Principado. No persistió en esta actitud: el 18 de septiembre de 1923, el Directorio Militar que presidía Primo de Rivera dictó un real decreto donde establecía las «medidas y sanciones contra el separatismo», que cayó como un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de la burguesía y los regionalistas:

El expresarse o escribir en idiomas o dialectos, las canciones, bailes, costumbres, trajes regionales no son objeto de prohibición alguna; pero en los actos oficiales de carácter nacional e internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las Corporaciones de carácter regional o local, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de Registros, actas, aun en los casos de que los avisos y comunicaciones no dirigidas a Autoridades se hayan redactado en lengua regional. [Gaceta de Madrid, 19 septiembre de 1923; cit. en Ferrer i Gironès, 1985: 141; la negrita es nuestra.]

Las sanciones por la resistencia a esta disposición que se dieron, por ejemplo, en 1926 con la negativa del Colegio Oficial de Abogados de Barcelona a publicar en castellano la Guia judicial, se estipularon por real decreto de1 7 de marzo de 1926 en un mínimo de arresto mayor en su grado máximo o prisión correccional y multa de 500 a 5000 pesetas en su grado medio.
En lo relativo a la educación, con el nuevo régimen las ansias regeneradoras de la enseñanza según el patrón liberal (eliminación del clasismo, supresión del monopolio clerical, incorporación de nuevas corrientes pedagógicas) se presentan como un objetivo ilusorio. Pese a que, en lo tocante a infraestructuras, medios humanos y tasas de escolarización, las reformas que se llevan a cabo logran un transitorio aumento cuantitativo —que no cualitativo—, ideológicamente van en camino contrario:

El dictador, que no puede defraudar a los grupos que le han ofrecido su apoyo para alzarse con el poder, convierte la educación en un vehículo ideologizador del régimen [...]. [...] El patriotismo como fin, la defensa del catolicismo, un renovado espíritu de ciudadanía y la vuelta a la antigua tradición hispana, son las notas características de la ideología escolar del régimen. [R. López Martín, 1991: 183 y 185.]

Entre otras disposiciones, este ideario se tradujo en la promulgación de una circular dirigida a todos los gobernadores civiles de Cataluña para que ordenasen la castellanización de la enseñanza, restringiendo la presencia del catalán al refuerzo inicial de la enseñanza del castellano, a un diccionario bilingüe de apoyo didáctico y al Catecismo (Ferrer i Gironès, 1985: 142). El 12 de febrero de 1924 se promulgó una real orden que habilitaba a los inspectores de educación para ordenar la clausura de las escuelas públicas y privadas y sancionar a los maestros que incumplieran las prescripciones gubernamentales, incluidas las relativas al idioma de la enseñanza, que debía hacerse en castellano, también en el caso de las clases gratuitas que se impartían optativamente en los centros docentes (Ferrer i Gironès, 1985: 143). Otra disposición jurídica, la real orden de 13 de octubre de 1925 (cf. Gaceta de Madrid, núm. 287, 14/10/1925, pp. 194-195), hace responsables a rectores, directores de centros públicos e inspectores de supervisar la posible difusión de propagandas y doctrinas antipatrióticas y antisociales por parte de los maestros, lo que incluye la revisión del contenido de los libros de textos utilizados en las escuelas, que sólo podrán estar escritos en español. Finalmente, el real decreto del 11 de junio de 1926 (cf. Gaceta de Madrid núm. 163, 12/06/1926, p. 1510) ratificó los presupuestos de la real orden de 1925 y, ante los casos de resistencia al cumplimiento del ordenamiento relativo a la enseñanza del castellano, impuso diversas medidas correctivas a los maestros que proscribieran, abandonaran o entorpercieran su docencia, que podían, por ejemplo, ser trasladados por ello a regiones castellanohablantes (López Martín, 1991: 189, y F. Ferrer i Gironès, 1985: 141-148).
En el periodo primorriverista, la voluntad de predominancia del castellano en la esfera cultural y en las instituciones de planificación y defensa del idioma pudo verse también en la reforma de la estructura de la Real Academia Española ordenada por real decreto de 26 de noviembre de 1926, que abría en su seno tres nuevas secciones, con la intención de que esta aglutinara las lenguas catalana («y sus variedades valenciana y mallorquina», Gaceta de Madrid, núm. 331, 26/11/1926: 1107), vasca y gallega, aunque las tres contaran ya con instituciones normativizadoras propias: la Real Academia Galega, constituida el 30 de septiembre de 1906, la Secció Filològica creada en el seno del preexistente Institut d’Estudis Catalans el 14 de febrero de 19119 y la Euskaltzaindia (Academia vasca), fundada en octubre de 1919. Para asumir tal disposición, la RAE propuso un reglamento que debía regular el funcionamiento y composición de las tres nuevas secciones (Gaceta de Madrid, núm. 326, 22/11/1927: 1088); pero, caído el régimen, la disposición primorriverista y el reglamento subsiguiente quedaron inmediatamente derogados por real decreto de 16 de mayo de 1930, considerando que no existía ni «necesidad ni conveniencia de que se mantenga instituido un caso de centralización que los profesionales de los estudios lingüísticos consideran como del todo inadecuado e ineficaz» (Gaceta de Madrid, núm. 136, 16/05/1930: 1067).
El proyecto del fallido estatuto de autonomía catalana de 1919 fue uno de los precedentes que condujo a la Assemblea Constituent del Separatisme Català, reunida en la ciudad cubana de La Habana los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 1928 bajo la presidencia de Francesc Macià, a aprobar la Constitución Provisional de la República Catalana,10 también conocida como «Constitució de La Habana», primer proyecto constitucional de la historia pensado para una Cataluña independiente del Estado español, de carácter marcadamente progresista, redactado además en plena dictadura. Tal como indica la exposición de motivos del proyecto, su objetivo era reafirmar los principios e «ideales patrióticos» catalanes, apelando a «la unidad espiritual indestructible de Cataluña», sobre la base de la cual declaran su voluntad de «valerse de los medios revolucionarios para independizarse del Estado español». Partiendo de esta base ideológica, promovieron «la siguiente Constitución en nombre del pueblo catalán, para que este se rija con carácter provisorio, mientras no esté en condiciones de poder fijar y otorgarse su ley fundamental definitiva». Con respecto a las previsiones lingüísticas, la Constitución de La Habana presenta una serie de características que deben subrayarse. En el artículo 2 del título ii, «Idioma, bandera y escudo», dedicado a elementos simbólicos de la patria, establece que la única lengua oficial, en Cataluña, es la catalana, sin ningún tipo de mención de la lengua castellana. En cambio, en el artículo 195, título XXVI, «Del régimen de enseñanza», se dice: «Enseñanza primaria obligatoria en catalán desde los seis a los doce años; enseñanza secundaria en catalán, y de los idiomas castellano (obligatorio) francés, inglés y alemán, potestativos dos de estos, obligatorio uno de ellos». Es decir, se mantenía la enseñanza obligatoria del castellano en la etapa secundaria, además de una tercera lengua extranjera a elegir entre el alemán, el inglés o el francés, pero era el catalán era la única lengua con reconocimiento jurídico y simbolismo pleno. Pese a no ser un texto jurídicamente vinculante, las reacciones que suscitó esta Constitución catalana se acabarían proyectando en la redacción, también en periodo dictatorial, del Anteproyecto de Constitución de la Monarquía española de 1929, cuyo artículo 8, título i, reza: «El idioma oficial de la nación española es el castellano».11 El castellano iniciaba así el camino hacia la oficialización constitucional en España. Hasta entonces, había podido mantener un carácter de pseudooficialidad por la fuerza de otros reglamentos, pero la sombra del separatismo catalán sobre la integridad nacional llevaron a las fuerzas políticas españolas a dejar claro, en su ley fundamental, a qué identidad unitaria respondía España.
La dimisión en enero de 1930 del general Primo de Rivera, sustituido por el general Berenguer, abriría el camino a una nueva etapa política, que se había gestado en los movimientos de oposición a la dictadura: la II República, proclamada el 14 de abril de 1931, dos días después de las elecciones municipales. En Cataluña, estos comicios dieron la victoria indiscutible a la formación Esquerra Republicana de Catalunya, dirigida precisamente por Francesc Macià, que declaró de inmediato en Barcelona la República Catalana como Estado integrante de una hipotética confederación de pueblos ibéricos. El 17 de abril, bajo la presión del Gobierno de Madrid, la nueva república hubo de aceptar la transformación en un poder político autónomo que recuperaría la denominación preborbónica de Generalitat y que iniciaría la redacción de un nuevo proyecto de estatuto, conocido como «Estatuto de Nuria» que, este sí, se sancionaría, con no pocos recortes, el 15 de septiembre de 1932. Como muestra de buena voluntad, el 29 de abril de 1931 el presidente provisional de la república española, Niceto Alcalá-Zamora —que ingresaría en la RAE al año siguiente—, firmó un decreto por el cual se derogaron todas las normas jurídicas positivas que prohibían el uso del catalán en las escuelas primarias, estableciendo además que en las escuelas maternales y de párvulos la enseñanza se diera exclusivamente en lengua materna, castellana o catalana, e igualmente en las Escuelas primarias, y que en estas se enseñara a los alumnos catalanes, a partir de los ocho años, el conocimiento y práctica de la lengua española a fin de que la hablen y escriban con total corrección (Gaceta de Madrid, núm. 120, 30/04/1931: 413-414), haciendo esta solución de desagravio extensible a las demás lenguas peninsulares «que se juzgue y se las juzgue con idéntico derecho». Una disposición que, sin embargo, tendría escasa vida una vez aprobada la Constitución de 1931 y el recortado Estatuto catalán. En efecto, la tramitación del Estatuto de Autonomía catalán discurrió paralela a la de la Constitución española de la II República, aprobada el 9 de diciembre de 1931, con anterioridad por tanto al Estatuto catalán, lo que permitió utilizarla como lecho de Procusto en el que «acomodar» las previsiones del proyecto estatutario. Entre las previsiones del Estatuto de Nuria que quedarían recortadas y modificadas se encontraba el modelo lingüístico, muchísimo más moderado que el de la Constitución de La Habana, que aunque postulaba la oficialidad lingüística del catalán en Cataluña, establecía la oficialidad del castellano en las relaciones con el Gobierno central, y daba garantías tanto a los hablantes de lengua materna catalana como a los de lengua materna castellana —entonces, minoría— sobre el uso de sus respectivas lenguas ante la administración y órganos de justicia catalanes. En cuanto a la educación, establecía la obligatoriedad de la enseñanza del castellano y del catalán desde el nivel primario —obligatorio y gratuito— y garantizaba escuelas en castellano según ratio de población infantil castellanohablante, donde también debería enseñarse el catalán, de lo que se deduce que la lengua vehicular en el resto de escuelas debía ser el catalán.12 Pese a su moderación, el modelo de lengua del proyecto de Estatuto de Nuria fue, como hemos dicho, recortado y amoldado a una Constitución española que, en su artículo 4.º, designaba la preeminencia jurídica del castellano y descartaba cualquier posible exigencia de conocimiento o uso de las «lenguas regionales», y en su artículo 50 establecía un modelo educativo sin transferencia de competencias a los gobiernos autónomos, donde el castellano era obligatorio como materia de enseñanza y vehicular, aunque se permitía la introducción de las lenguas regionales en los planes de estudio, y donde se preveían además programas educativos hispanoamericanistas:

Art. 4.– El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. = Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.
[...]
Art. 50.– Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo y en los dos anteriores. = El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos. [13]

El resultado del recorte fue la cooficialidad del castellano y catalán en Cataluña y la bilingüización estatutaria de este territorio:

Artículo 2.– El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre las autoridades del Estado y las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña, deberá ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada. Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales, Autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República. A todo escrito o documento que se presente ante los Tribunales de Justicia redactado en lengua catalana, deberá acompañarse su correspondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes. Los documentos públicos autorizados por los fedatarios en Cataluña, podrán redactarse indistintamente en castellano o en catalán; y obligadamente en una u otra lengua a petición de parte interesada. En todos los casos los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán.
[...]
Artículo 7.– La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los Centros de enseñanza en todos los grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad dotada por este Estatuto. La Generalidad se encargará de los servicios de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, Conservación de monumentos y archivos, salvo el de la Corona de Aragón. Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad de Barcelona un régimen de autonomía; en tal caso, ésta se organizará como Universidad única, regida por un Patronato que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y catalana las garantías recíprocas de convivencia, en igualdad de derechos, para Profesores y alumnos. [...][14]

El modelo lingüístico esbozado en este Estatuto catalán de 1932 serviría más o menos de base a los modelos lingüísticos garantizados por los estatutos de autonomía republicanos de otras regiones históricas como Galícia o el País Vasco, en el caso vasco con una larga trayectoria de debate y renuncias desde 1931 hasta su aprobación en 1936, ya en plena contienda civil, y en el caso gallego sin llegar a alcanzar la fase de trámite parlamentario debido al alzamiento militar y la guerra civil que desató. De hecho, la vigencia del modelo lingüístico republicano quedó limitada por el franquismo, pero formuló una tesis que, años más tarde, con el advenimiento de la democracia, sería nuevamente adoptada por los estatutos de autonomía de las llamadas «nacionalidades históricas».
Paralelamente, en este periodo tuvo lugar una radicalización reactiva del panhispanismo como respuesta a la extensión de la base social y de las exigencias de autogobierno de los nacionalismos vasco y catalán particularmente, entendidas estas como una «negación de España». Durante este periodo se desarrolló la idea de hispanidad (v. § 2.1), punto culminante de la identificación entre la proyección americanista de España y las bases del nacionalismo español «en sus dimensiones de catolicidad, antiliberalismo, anticomunismo y providencialismo» (Sepúlveda, 1994: 321). José Antonio Primo de Rivera, fundador e ideólogo de la Falange Española, que proveería la imaginería que el alzamiento fascista de 1936 y la dictadura franquista utilizarían después, forjó una doctrina de la hispanidad dirigida prioritariamente al interior de España,15 que armonizaba así los conceptos de imperio, patria y unidad:

España se encontraba a sí misma en cuanto alcanzaba su unidad. De igual modo, la hispanidad se conformaba como un crisol superador de fragmentarismos nacionales, divisiones raciales y usos culturales y lingüísticos. Pero esta idea ecuménica [...] alcanzaba toda su propiedad —y por ello su diferenciación— al ser abarcada por la idea de imperio. De ese modo negaba toda diversidad, todo particularismo, en favor de una unidad en la uniformidad. [Sepúlveda, 2005: 170; la negrita es nuestra.]

La rebelión militar encabezada por Francisco Franco fue el colofón de la reacción de la derecha española a un periodo marcado por las tensiones entre centro y periferia, por la agitación social, por el reformismo republicano y por la movilización obrera.
Coincidiendo con el estallido de la Revolución de Octubre en Asturias y con la huelga general en Cataluña convocada por la Alianza Obrera, el presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys, proclamó de nuevo el Estado catalán de la República federal española el 6 de octubre de 1934, como respuesta a la entrada de la ceda (Confederación Española de Derechas Autónomas) en el Gobierno. Su proclamación motivó inmediatamente la declaración del estado de guerra en Cataluña, su encarcelamiento, la asunción por parte del Gobierno central de toda las funciones de la Generalitat y la suspensión del Estatuto autonómico el 2 de enero de 1935. La suspensión de la autonomía catalana se prolongó hasta febrero de 1936, en que se aprobó el decreto ley de 26 de febrero por el que se autorizaba al Parlamento de Cataluña a reanudar su actividad y, por tanto, a designar un Gobierno para la Generalitat, para cuya presidencia volvería a ser elegido Companys. Por decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros fueron restituidas a la Generalitat todas las competencias excepto las de orden público. El 5 de marzo de 1936, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2 de enero de 1935 que había suspendido el estatuto. Ese mismo año la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que contaba con la connivencia de los movimientos prefascistas ideológicamente conformados en la dictadura de Primo de Rivera, de las fuerzas de la derecha, de los ideólogos del nacionalismo español y del panhispanismo, y de una parte de la clase burguesa que sentía pesar sobre sí la amenaza del obrerismo, dio inicio a una guerra civil que culminaría con la victoria de los insurrectos y abriría en 1939 un periodo de 36 años de dictadura franquista. Los estatutos autonómicos aprobados (el catalán y el vasco) quedaron derogados y se inició un periodo de dura represión política de las lenguas no castellanas que, en su etapa más feroz (las dos primeras décadas), las prohibía en todos los ámbitos salvo en el uso familiar de puertas adentro del hogar y castigaba toda contravención a la proscripción. En el campo de la educación, se proscribió la enseñanza de otra lengua que no fuera el castellano, única lengua vehicular admitida también, medida que fue objeto de un control escrupuloso, y se llevó a cabo un minuciosa depuración de docentes, que incluyó la destitución de los que obtuvieron el título durante la República o servido en las zonas autonómicas; los que superaron este trance fueron sometidos a vigilancia policial.
Las depuración franquista que arrasó el mundo educativo, científico e intelectual español también alcanzó a la Real Academia Española, pero no del modo en que la institución suele componer su narrativa de este oscuro episodio de la historia española. De hecho, si se lee lo que la RAE —en su historia oficial (Zamora Vicente, 1999) y por boca de sus representantes— dice de sí misma en relación con su papel en el periodo franquista cualquiera podría pensar que ejerció una resistencia heroica que, de haber sido cierta, sin duda habría enviado a sus miembros al presidio o al exilio, o los hubiese, cuando menos, condenado al ostracismo. De este jaez es la versión oficial sobre la destitución de Ramón Menéndez Pidal como director de la RAE tras la contienda, en 1939 (cargo que no recuperaría hasta 1947), y su sustitución por el escritor José María Pemán, que ocupaba el cargo de facto desde 1937; cese forzado que en la historia de la institución escrita por Alonso Zamora Vicente (1999: 464) se califica de «voluntario apartamiento». Pero más engañosa aún fue la versión que, de este y otros hechos, dio en 1983 el, a la sazón, director de la RAE, Pedro Laín Entralgo, en un artículo titulado «La Academia y las dos Españas» (P. Laín Entralgo, 01/12/1983: en línea), donde afirmaba lo siguiente:

[...] la Academia por antonomasia ha sido la única institución de la vida pública española que en su régimen propio ha sabido desconocer la diferencia entre españoles vencedores y españoles vencidos. Que canten los hechos. Como consecuencia de la guerra civil, cuatro académicos de número, el político Niceto Alcalá Zamora, el naturalista Ignacio Bolívar, el físico Blas Cabrera y el filólogo Tomás Navarro Tomás, y tres académicos electos, Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala y Salvador de Madariaga, españoles vencidos todos ellos, tuvieron que optar por el exilio; a los cuales pueden ser añadidos Ramón Menéndez Pidal y Gregorio Marañón, que, voluntariamente evadidos de la zona republicana durante la contienda, sólo años más tarde juzgaron prudente volver a España. Pues bien: ninguno perdió su derecho en el seno de la Academia, ninguno produjo vacante en sus listas. Los sillones ocupados de hecho por los que no pudieron o no quisieron volver [...] los siguieron hasta su muerte, y a ellos sucedieron y de ellos hicieron el elogio reglamentario, en sus respectivos discursos de ingreso, los que sólo a su muerte fueron elegidos [...]. La misma actitud ha mantenido la Academia en la provisión de vacantes a partir de 1939. Distantes todos de los españoles vencedores, inequívocamente fieles, algunos, a su nunca ocultada condición de españoles vencidos, sucesivamente han ingresado en su recinto Gómez Moreno, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Julio Rey Pastor, Rafael Lapesa, Julián Marías, Antonio Rodríguez Moñino, Antonio Buero Vallejo... Más nombres podrían añadirse. Y mientras siga viva en nuestra sociedad la huella de la contienda fratricida, nunca la aceptará en su conducta la Real Academia Española. En esa misma línea debe verse la renuncia de Pemán a la dirección de ella, cuando Menéndez Pidal regresó a España; porque esa decisión no fue solamente motivada por los méritos insuperables de don Ramón, también porque había sido la guerra civil la que impidió a éste, la permanencia en el desempeño del cargo. No será inoportuno mencionar aquí que don Ramón, a quien tanto parecía venerarse, fue vejado en más de una ocasión por el Gobierno de Franco. [...]

La vergonzosa falta a la verdad de las palabras de Pedro Laín motivaron, por alusiones, la siguiente y contundente réplica del nieto de don Ramón, el filólogo Diego Catalán Menéndez Pidal, publicada en el mismo periódico con el elocuente título «Depuración en la Real Academia Española» (17/01/1984: en línea):
 
Un reciente artículo de Pedro Laín sobre la tolerancia de la Real Academia Española durante los tiempos menos tolerantes de la España franquista, junto con afirmaciones difundidas por Julio Rodríguez Puértolas en un manual de literatura de amplia difusión, me obligan a recordar un pequeño hecho histórico sobre las relaciones de Ramón Menéndez Pidal, mi abuelo, con la media España que venció a la otra media en 1939. Cuando regresó de un temporal y disimulado exilio a reunirse con su familia (que había quedado en España, en parte forzadamente, en parte voluntariamente), perdió su centro de trabajo —el Centro de Estudios Históricos, que fue suprimido y sustituido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas— y se refugió en su actividad de investigador en su casa de Chamartín. Los tribunales de depuración por los que pasó (llegó a tener su cuenta de banco intervenida) no le quitaron, es cierto, su puesto de académico; pero una comisión de la Academia, presidida por don Julio Casares, fue a San Rafael (Segovia) para pedirle su dimisión como presidente de la misma. La carta que en esa ocasión escribió a sus colegas de la Academia no fue siquiera leída públicamente en la corporación, como él había pedido. Sólo años después, cuando el régimen fue evolucionando hacia una mayor aceptación de los disidentes, volvería a ocupar la presidencia de la Academia (diciembre de 1947) y a asistir a las reuniones de la misma. [...]

Valga recordar, además, que José María Pemán, el académico que ocupó la presidencia de la RAE durante casi todo el periodo comprendido entre 1937 y 1947 (año en que Menéndez Pidal recuperó el cargo), había participado activamente en las purgas académicas (Carlos de Pablo Lobo, 2007: 207, 208 y 213) que había sufrido, entre muchos otros, Menéndez Pidal. Vale la pena leer lo que se dice al respecto en las páginas 60 y siguientes de La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo (L. E. Otero Carvajal y M. Núñez Díaz-Balart, 2006). Pero habla por sí misma la Circular de 7 de diciembre de 1936 (publicada en BOE n.º 52, Burgos, 10/12/1936)16 emitida por el propio Pemán en calidad de Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza y dirigida a los Vocales de las Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública, en la que se los arenga y se les da consignas sobre la forma de llevar a cabo la depuración del personal docente, poniendo como ejemplo de institución de la máxima peligrosidad a la Institución Libre de Enseñanza:

Innecesario resulta hacer presente a los señores Vocales de las Comisiones depuradoras de personal docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados, está dicho todo. = El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los tribunales de justicia, pero sí proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado «Frente Popular». Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada «Libre de Enseñanza», forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños. = Tres propuestas pueden formular las Comisiones depuradoras, conforme a la Orden de 10 de noviembre; o saber: l.º Libre absolución para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario. 2.º Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados partidos nacionalistas vasco, catalán, navarro, gallego, etc., sin haber tenido participación directa ni indirecta con la subversión comunista-separatista, y 3.º Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado en los partidos del «Frente Popular» o Sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la revolución de octubre y de un modo general, los que perteneciendo o no o esas agrupaciones hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa. [...]

Volviendo a la política asimilacionista y sustitutoria emprendida por el régimen dictatorial, se conjugaron con ella una serie de circunstancias que variaron en mucho la eficacia del proceso de castellanización con respecto a épocas precedentes:

la propia duración y el cariz fuertemente represivo y adoctrinador de la dictadura;
las campañas de alfabetización (exclusiva en castellano), que lograron que tras el franquismo la población española alcanzara un porcentaje de alfabetización en torno al 95 %;
la extensión de medios de información, opinión, cultura y entretenimiento (cine, radio, televisión, tebeos, revistas, música, novelas de géneros populares...) exclusivamente —o muy mayoritariamente en el tardofranquismo— en castellano;
y las oleadas de migración de población de habla española a las zonas industrializadas, entre ellas Cataluña y el País Vasco, que llegaban a un territorio donde no era necesario aprender una lengua local cada vez más estigmatizada.

La suma de estos factores condujo a un retroceso inédito de todas las demás lenguas, estableció un mercado lingüístico (v. § 1.2.2) muy favorable al castellano y acentuó la actitud diglósica —que aún pervive— entre aquellos hablantes que mantuvieron el empleo privado de su lengua vernácula. Pero las décadas de brutal represión política y cultural del régimen franquista y de inoculación ambiental sostenida de la lengua española también ocasionaron movimientos de resistencia en los que, para sus hablantes, las lenguas no castellanas incrementaron sus valores de identificación, y el deseo de afirmar, perpetuar y reconocer su dignidad llegó a ser sólo equiparable en intensidad al de mantener la expansión del español. En la protección del territorio conquistado por el castellano intervino, muy activamente, la Real Academia Española, una de las principales beneficiarias del proceso de asimilación.

1.7. La participación de la RAE en la castellanización de España, una historia de beneficios y perjuicios

[...]
La magnitud de la autoridad y el bienestar material de que gozaba [desde mediados del s. XIX] y el miedo a cualquier posible menoscabo, de un lado, y el cumplimiento de su obligado servicio a la gloria de la lengua y la nación, de otro, fueron los motivos que debieron ocasionar el primer ataque frontal de la Real Academia Española al avance de las lenguas peninsulares no castellanas.
El 5 de enero de 1916, la Real Academia Española celebró una sesión ordinaria sobre la que su secretario perpetuo, Emilio Cotarelo y Mori, hace constar lo que sigue: «El que suscribe leyó el borrador de una comunicación que fué aprobada, en que este Cuerpo Literario expone el Gobierno el abandono que existe en cuanto al empleo de la Lengua Castellana en nuestras escuelas y otros establecimientos de enseñanza» (cit. en Ferrer i Gironès, 1985: 111). El 26 de enero de 1916 se envió la comunicación señalada al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, firmada por el entonces director de la Docta, Antonio Maura. Rezaba así:

Excm. Sr.:

La Real Academia Española, encargada de difundir el idioma nacional y de velar por su conservación y pureza, sabe que en muchos lugares de esta Monarquía no se cumplen los preceptos legales a ello atinentes, que son los medios más eficaces para lograr aquellos fines de supremo interés patrio. [...] La Academia, pues, suplica reverentemente a V. E. que, teniendo presentes la ley de 9 de septiembre de 1857 [Ley Moyano], vigente en esta parte; el decreto de 26 de febrero de 1875, y muchas otras disposiciones emanadas del Ministerio que V. E. regenta, ordene a todos los encargados de la dirección y enseñanza del idioma, como rectores y decanos de las Universidades, directores de Institutos, directores de Escuelas Superiores, de Escuelas Normales y Colegios; Inspectores de Enseñanza y maestros de Escuelas Públicas, que sin contemplación ni disculpa de ningún género, que no puede haberlas, vigilen y hagan que se cumplan los referidos preceptos legales, único medio de fomentar y unificar el provechoso cultivo de nuestro idioma castellano. = La Academia tendrá la resolución favorable como timbre de honor para V. E. y causa de que por ello le felicite al igual de España toda. [Cit. en Ferrer i Gironès, 1985: 111-112; la negrita es nuestra.]17

El mensaje de la RAE no se refería en ningún momento al catalán ni a Cataluña; sin embargo, estaba claro que estaba motivado por la presencia creciente de la lengua catalana en la vida oficial. Recordemos que, durante el periodo mancomunitario, el catalán fue la lengua vehicular de las escuelas y los servicios docentes de la Mancomunitat (§ 1.6.2).
Según la minuciosa narración de los hechos que nos proporciona Grau Mateu (2004: 280-292), tan pronto como se dio a conocer el mensaje provocó la protesta no sólo de los catalanistas, sino de las principales corporaciones catalanas y de la mayor parte de la prensa del país, y su rúbrica causó un estupor general: el director de la RAE, Antonio Maura, no sólo era mallorquín (ergo, catalanohablante) de nacimiento, sino ex-presidente del Consejo de Ministros y antiguo aliado de la Lliga Regionalista. En la sesión del 1 de febrero, la Assemblea de la Mancomunitat acordó pedir al Consell Permanent que hiciera oír su voz ante el Gobierno. Al día siguiente, el Consell acordaba por unanimidad enviar un telegrama de protesta al presidente del Gobierno, el conde de Romanones. El telegrama destacaba la «profunda alarma» causada en Cataluña por la comunicación de la RAE y pedía a Romanones «que no se altere el derecho sacratísimo a usar las lenguas de las diferentes regiones, llevando el problema, que no es de gramática ni de academia, sino de Derecho público, al seno de la representación nacional». Romanones respondía pocos días después con otro telegrama donde, si bien intentaba tranquilizar a la Mancomunitat, no desautorizaba el mensaje de la Academia Española; decía: «como Presidente Gobierno no olvido criterio sustentado como Ministro Instrucción en Real orden de 19 de diciembre de 1902, en que afirmando de modo expreso la necesidad de velar por difusión castellano, único idioma oficial, establecíanse prevenciones que bastaran para disipar recelos, dejando a salvo categóricamente cuanto se refiere al uso en las escuelas de idiomas o dialectos regionales, idiomas u dialectos que contribuyen al conjunto de las manifestaciones de la vida española, formando, como declara la Academia, la grandeza de la patria».
Además de las protestas de la Mancomunitat, también enviaron telegramas a Romanones y a Maura diversos ayuntamientos catalanes (Capellades, Manresa, Reus, Sabadell, Sarrià y Tarragona, Barcelona); es más: algunos de ellos (el de Barcelona incluido) y otros más que no habían expresado su enojo a Romanones por escrito acordaron incrementar el uso del catalán en los asuntos municipales. La respuesta de Romanones al telegrama del Consistorio barcelonés fue tranquilizadora: «Manifiéstole gustosamente por ahora Gobierno no proyecta dictar ni proponer Cortes medida alguna relacionada interesante y delicado asunto a que se refiere su telegrama. Ratifico manifestación hecha presidente Mancomunidad oportunamente, así como especial simpatía yo experimento por todo lo que es medio de expresión de la intimidad del alma española e instrumento espiritual de su grandeza». Al mismo tiempo, las entidades culturales y científica y las corporaciones privadas alzaron su voz contra el mensaje de la RAE. Durante la primera quincena de febrero mandaron telegramas de protesta al presidente del Gobierno o al propio director de la Academia Española el Comitè Executiu de la Diada de la Llengua, el Orfeó Català, la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat, el Cercle Artístic de Sant Lluc, la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, la Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, la Associació Catalana d’Estudiants, la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el CADCI, el Ateneu Barcelonès, etc. El 15 de febrero, convocados por el presidente de la Societat Econòmica d’Amics del País de Barcelona, el regionalista Joan Ventosa i Calvell, los presidentes de once corporaciones económicas y culturales catalanas acordaban redactar un mensaje contra la comunicación de Maura, que fue enviado a Romanones probablemente a principios de marzo. La recién entidad pancatalana de defensa y promoción del idioma Nostra Parla, integrada por catalanes, valencianos, baleares y roselloneses, envió también un telegrama al presidente del Gobierno donde se calificaba el mensaje de la RAE de «acto de hegemonía» contrario a «el espíritu liberal de los pueblos modernos». Por su parte, el Institut d’Estudis Catalans, que albergaba la «Academia de la Lengua Catalana» (Secció Filològica) y que inicialmente se había mantenido en silencio respecto de la comunicación de la RAE, aprobaba el 21 de marzo un largo escrito de felicitación a los presidentes de las corporaciones catalanas que habían firmado el mensaje en defensa del catalán. Redactado probablemente por Eugeni d’Ors, la comunicación del IEC era en realidad una réplica indirecta al mensaje de la Real Academia Española. Merece la pena transcribir su muy escasamente divulgado texto original, por el modo —bucólico, elegíaco y épico a partes iguales, cabe decirlo— en que pone de relieve la situación de conflicto que se da cuando, en la competencia entre dos lenguas en situación de desigualdad, el deseo de recuperación y promoción de la más débil topa con la resistencia a ceder espacio de la más fuerte y con el recurso para ello a medidas de fuerza:18

Per la llengua catalana.— Comunicació de l’Institut d’Estudis Catalans.— L’Institut d’Estudis Catalans ha dirigit a les corporacions i entitats que han significat la llur protesta contra la comunicació del President de la Reial Acadèmia Espanyola, la següent comunicació:

«Honorable senyor:
Una competència vivíssima de cultures era entaulada darrerament dins l’àmbit d’Espanya. Desvetllades de secular esmorteiment per una vocació novella de poder i de glòria, renaixíen dues llengües germanes amb anhel de reconquerir en el món els furs de la plenitut espiritual. L’una d’elles [el castellà], que havíem coneguda en dissort, reduida públicament a l’ús administratiu i al literari, ambicionava de guanyar altre cop crèdit en el viure internacional, autoritat en ciències i en pensament. A l’altra, a la nostra, darrere més llarga desventura, li calía feina més aspra. Li calía adquirir allò que la seva germana tenía ja, amb allò altre que aquesta no tenía encara; avençar en els camps de la literatura i la ciutadanía, alhora que penetrar en els dominis del saber i del govern. = Havem anomenat aquesta renaixença simultània, una competència, i era natural que una part de l’espandiment de cada una d’aquestes llengües es fes a despesa de l’altra. Més aquí trobaven precisament un estímul i clarament servía per créixer el doble esforç. Entre els centres acadèmics i didàctics de Madrid i els centres acadèmics i didàctics de Barcelona, la més bella, la més noble de les emulacions començà. Les armes n’eren totes intel·lectuals i pacífiques. Armes d’estudi i de publicació, armes d’esperit. Amb el llibre rivalitza el llibre; amb la revista, la revista; amb el treball d’història, el treball de laboratori; amb l’investigació docta, la temptativa de difusió universal; amb l’intervenció en afers polítics del món, l’intervenció en afers científics, on ja començava a llevar-se la tradicional vergonya que Espanya restés sense representació ni veu. Feia bo de treballar així, de combatre amb aquesta dignitat i elegància. Els rivals generosos es donaven sovint la mà, s’aconsolaven de la fatiga, i l’un a l’altre animava amb el crit encoratjador de l’amic. = Malauradament, un fet tristíssim es produía ahir mateix i venia a torbar aquesta serenitat que era el nostre orgull. Una de les parts creia de poder rompre el pacte tàcit, llei i regiment de la contensió noble. I amb sorpresa veiem la Reial Acadèmia Espanyola acudir als poders públics, en sol·licitud de mides de força que aturessin i vinguessin a matar en flor la creixença i espandiment de la llengua germana. Ja, doncs, les armes esdeveníen altres i el terrèn descendía de nivell. Ja s’intentava atuir l’esforç espiritual de Catalunya, desproveint-la del seu indispensable instrument de pensament, de ciència, d’educació, d’intervenció original en el món... Com indici de feblesa, aquesta invocació al socors de la violència legal ens hauría potser plagat, si nosaltres no poséssim per damunt tot l’interès sagrat de l’esperit. Com violació d’ell, com ruptura dels respectes deguts a un cert dret de gents en la competència de cultures, nosaltres ens hauríem trobat en el cas de denunciar aquella i de fer-ne apel·lació a una sobiranía i a una força que poguessin competir amb la força i la sobiranía oficials: les de la consciència del nostre poble ofès en allò que li és més íntim i més car. = Ni això ha calgut. La consciència del nostre poble ha reaccionat espontàniament, abans que la nostra apel·lació, abans mateix que qualsevulla agressió es produís, només amb l'amenaça d’elles. Mentre que a Madrid la prudència aconsellava als poders públics de desoir la veu que demanava la subjecció, a Barcelona, en tota Catalunya, l’entusiasme del poble no ha volgut ni solament esperar una altra veu que el cridés a la defensa de la llibertat. I l’Institut d’Estudis, dipositari, custodi i propugnador de l’alta tradició de la nostra parla, ja no ha d’invocar, sinó solament regraciar. Ha trobat la batalla feta, guanyada la victòria. Ha trobat totes les bones voluntats reunides i unànims al servei de la causa santa. = A vos, honorable senyor, i a l’il·lustre entitat que tan dignament presidiu, ha escaigut un lloc de valentía i d’honor dins l’alçament patriòtic provocat per la malaventurada instigació de la Reial Acadèmia Espanyola. L’Institut, reconeixent aquest mèrit vostre, es complau en endreçar-vos, en nom de la llengua catalana, de son passat gloriós, de son esperançat avenir, el testimoni d’un pregón agraiment. = Barcelona i 21 de març de 1916.— Josep Puig i Cadafalch, Antoni Rubió i Lluch, Guillem M.ª de Brocà, Jaume Massó Torrents, Joaquim Miret i Sans, Miquel A. Fargas, Esteve Terradas, Josep M.ª Bofill, Pere Corominas, Eugeni d’Ors, Antoni M.ª Alcover, Pompeu Fabra, Frederic Clascar, Lluís Segalà, Josep Carner, Francesc Martorell.» [IEC, 1916: 237-238.]

Después de casi tres meses de polémica, se hacía evidente que la comunicación de la RAE había caído en saco roto: se había encontrado, por una parte, con la prudencia del Gobierno y, por la otra, con el rechazo de las corporaciones públicas y privadas catalanas. Sin embargo, el eco de la polémica suscitada por la Academia Española estuvo presente en la campaña de las elecciones generales del 9 de abril y en las peticiones de oficialidad del catalán y de autonomía que vendrían después (§ 1.6.2).
Pasada la dictadura franquista, ya en periodo democrático y de reparación de los agravios ocasionados por el régimen a las «nacionalidades históricas», tuvo lugar un nuevo episodio de intervencionismo académico con motivo del debate sobre la denominación de la lengua oficial de todo el Estado, mantenido durante la elaboración y aprobación de la Constitución española vigente y apuntalada en la ideología hispanoamericanista (v. § 2.1). Así nos lo relata Álex Grijelmo en su Defensa apasionada del idioma español:

Al debatirse la Constitución Española en 1978 se planteó una interesante discusión en este punto. El proyecto inicial hablaba del «castellano» como lengua oficial de España. Durante el debate en el Senado, el premio Nobel Camilo José Cela [y a la sazón académico de número de la RAE], que formaba parte del cupo de senadores designados por el Rey (fórmula ya abolida), propuso que se añadiera «o español». Recibió el apoyo de la izquierda en general, pero el senador Josep Benet, miembro de la coalición Entesa dels Catalans, defendió que ese añadido no resuelve ningún problema político sino que resulta innecesario y además conflictivo, puesto que «irritará incluso a los castellanos, que verán cómo se les despoja del nombre de la lengua que crearon». Además, «la lengua gustaría a los separatistas, que oponen lo español a lo catalán o vasco». El senador Fidel Carazo (que había sido procurador en Cortes durante la dictadura franquista) defendió que al idioma oficial se lo llamara sólo «español», y envolvió sus argumentos en un discurso de corte tan caduco que el nacionalista vasco Manuel de Irujo le gritó desde los bancos: «¡Esto parecen unas cortes del siglo XVII!». Finalmente, el texto constitucional se quedó sólo con la palabra «castellano». [...] = En Latinoamérica conviven los términos «español» y «cas­tellano». Sin embargo, el lingüista venezolano Andrés Bello titula su principal obra Gramática de la lengua castellana. Y explica en las nociones preliminares: «Se llama lengua castella­na (y con menos propiedad española) la que se habla en Castilla y que con las armas y las leyes de los castellanos pasó a América, y es hoy el idioma común de los Estados hispanoamericanos». = Por su parte, la Academia hace imprimir el título Diccionario de la Lengua Española. Y ella misma se llama Real Academia Española. Pero precisamente en ese diccionario una y otra voz son sinónimas. Y equivalentes las consideró también esta institución durante el debate constitucional, en el que envió oportunamente a las Cortes un documento oficial donde pedía que se introdujera la siguiente enmienda:[19] «Entre todas las lenguas de España, el castellano recibe la denominación de español o lengua española, como idioma común a toda la nación». = Basaba tal solicitud en que, en efecto, todas las lenguas que se emplean en España son españolas; pero «puesto que se reconoce que la lengua castellana será oficial en todo el territorio de la nación y servirá de instrumento de comunicación para todos los ciudadanos españoles, parece natural que sea denominada lengua española por antonomasia». Además, «este idioma constituye un patrimonio que España comparte con numerosas naciones americanas. Una decisión tan importante como es la de reconocer constitucionalmente su nom­bre oficial no parece que deba ser adoptada por nuestro país, desconociendo el hecho de que en tales naciones, tras los lógicos recelos que surgieron a raíz de su independencia y que las llevaron a favorecer el término lengua castellana, existe hoy una preferencia generalizada por el de español y lengua española. Resultaría sorprendente para millones de hispanohablantes que, en el propio solar de la lengua, se frenara legalmente el proceso de difusión de ese término».

Valga decir que, si nos atenemos a los datos disponibles, como puede ser la denominación del idioma en las constituciones políticas vigentes de los países donde tiene carácter de oficialidad o cooficialidad, esta afirmación académica citada por Grijelmo puede tildarse de interesada manipulación de los datos. El idioma aparece con la mención de castellano en las constituciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú y Venezuela (8 países); y con la mención de español en las constituciones de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Nicaragua, Panamá (7 países). Y ello a pesar de que las fluctuaciones que estas oficializaciones denominativas han sufrido a lo largo de la historia han favorecido al término español, como reconoce Grijelmo (1998: 280). No hay mención a lengua oficial alguna en las constituciones de Argentina, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, aunque en el Cono Sur es general el empleo del término castellano.
Pero el uso preferente es lo que menos importa cuando una institución estandarizadora se guía sobre todo por criterios ideológicos. En el nacionalismo lingüístico expansionista que profesa y defiende la Real Academia Española, tan fundamental resulta la elaboración y difusión de un estándar común como la redenominación unívoca de sus variantes, es decir, la adopción de un solo nombre que identifique todas las modalidades de la lengua estandarizada y, con ello, a todos sus hablantes como parte de una misma y una sola comunidad cultural. El afán de evitar una denominación diversificada de la lengua, la identificación de la lengua de Castilla con la nación española y con la lengua de todos los españoles, la del término español con la lengua de todos los hispanohablantes, y la apuesta por su prevalencia son elementos constantes en la historia académica. Justamente, la oficialización normativa del término castellano para aludir a la lengua nacional española se da en la edición de 1884 del Diccionario de la RAE (DRAE) cuando, por primera vez, se define así:

Castellano, na. [...] m. Idioma castellano, ó sea, lengua nacional de España.

reflejando el avance del proceso centralista y uniformista que tuvo lugar durante las primeras décadas de la Restauración. Y la sanción de la RAE del vocablo español para referirse no ya a la lengua castellana asumida como lengua de la nación española sino a la de todo el orbe de habla española y cultura tradicional hispánica se da, de hecho, en la edición de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando empieza a perfilarse el concepto de hispanidad (v. § 2.1):

Español, la. [...] 4. m Lengua española, originada principalmente en Castilla, y hablada también en casi todas las repúblicas americanas, en Filipinas y en muchas comunidades judías de Oriente y del norte de África.

Una definición que se torna casi enciclopédica en el DRAE1984, donde llega a explicarse su uso fuera de España por razones de extensión colonial y emigración.
En el suplemento del DRAE1970, castellano es ya algo más que la lengua nacional de España: es el idioma que, nacido en la Castilla vieja, se deslocalizó, se hizo «universal» (v. el mito de la universalidad de las lenguas en § 1.4)20 al hacerse español:

castellano. [...] 6. [Enmienda.] m. Español, lengua española. || 6. bis. Dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, del que tuvo su origen la lengua española. || 6. ter. Variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja.

Esto es: el español fue y es castellano, sin que se reconozca en su conformación y evolución ninguna otra influencia.
También en la entrada castellano, la edición actual del DRAE (2001) se hace eco de los cambios en el panorama político-lingüístico español —que incorpora la oficialidad y protección de las lenguas vasca, gallega y catalano-valenciana—, asumiendo el neologismo jurídico lengua propia establecido por los nacionalismos periféricos para legitimar sus políticas de recuperación lingüística. Este tecnicismo quedó acuñado en el artículo primero del título preliminar de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos21 (firmada en 1996 en Barcelona, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos) del siguiente modo:

Esta Declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio.

Según esta definición, sólo es lengua propia de un territorio aquella originada y desarrollada como medio de comunicación natural (no impuesto) por la comunidad nacional (reconocida o no oficialmente como tal) históricamente establecida en él, lo que excluye tanto a las lenguas venidas de fuera como a las introducidas mediante políticas de imposición o a las desarraigadas, y dificulta su adjudicación a las lenguas expansivas como el español, al menos más allá del confín que lo vio nacer y dar sus primeros pasos.
Por ello, cuando el DRAE2001 emplea el concepto de lengua propia en su definición de castellano, lo hace, de hecho, en una actitud de desafío a los avances políticos de los nacionalismos periféricos, con la intención de marcar y defender el territorio de conquista:

castellano, na. [...] 4. m. Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción respecto a otras lenguas habladas también como propias en España.

Es decir, el castellano es la lengua española por antonomasia, y es tan propia de toda España como el resto de lenguas manifiestan serlo de sus propios terruños. En pleno neopanhispanismo, la entrada español vuelca esta misma idea hacia el exterior, defendiendo ahora los territorios ganados allende las fronteras españolas:

español, la. [...] 3. m. Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia en otras partes del mundo.

Aquí, la lengua española sigue siendo el vínculo esencial de la comunidad que la habla, pero ahora es además «propia» de los lugares donde se habla.
La reticencia académica a oficializar en la Constitución española el nombre del idioma del Estado como castellano trasluce el temor a una regresión local de lo que se considera símbolo del imperio cultural y espiritual. Como veremos (§ 3.2), entre algunos de los bloques lingüísticos nacidos de antiguos imperios coloniales (el francés, el portugués y el español, especialmente), la amenaza y a la vez el pretexto defensivo que supone el fenómeno dual de la glocalización cultural —que en su cara da alas al establecimiento de una única lengua franca mundial (por de pronto, el inglés), y en su dorso, a la afirmación de las lenguas originarias y la valoración de la etnicidad y la diversidad— ha reavivado la vieja competencia lingüística y cultural europea (v. § 1.4). Ante la pérdida de mercados, de fuerza política y de peso cultural que supone el avance del inglés y el menoscabo de la hegemonía de las lenguas estatales «comunes», se hace necesario desarrollar estrategias defensivas y, si cabe, ofensivas, que permitan mantener las posiciones nacionales e internacionales ya ganadas. Para este propósito, la lengua, que como en otros tiempos define la nación y marca el imperio, resulta un instrumento útil. De hecho, el continuo empeño académico en persuadir a los hablantes sobre la necesidad de generalizar el uso del término español para denominar el idioma responde también a esta causa: que en muchas otras lenguas el nombre del idioma sea una traducción de español y no de castellano hace que el uso de este último término en lugar del primero dificulte su identificación con las denominaciones extranjeras (spanish, spanisch, espagnolo, espagnol...) y comprometa la visibilidad internacional de la comunidad de hispanohablantes. Y la visibilidad como grupo lingüístico vasto y compacto es condición sine qua non para cualquier reclamo en la consideración del español como lengua de pleno derecho en organismos de decisión regional o internacional, uno de los principales objetivos de la actual política exterior española, según veremos (§ 3.3 y 3.4).
La importancia político-estratégica en la esfera internacional del nombre unívoco del idioma como denominación que engloba a una comunidad poscolonial de hispanohablantes queda de nuevo puesta de relieve por Álex Grijelmo en la apología del español que ya hemos citado:

[...] ¿no convendría escoger entre ambos términos [español y castellano] uno principal que defina por sí mismo a toda la cultura que compartimos 400 millones de personas? De nuevo con perspectiva informática, convendremos en que perderá información quien busque en una red «lengua española» porque no hallará todos aquellos textos introducidos bajo el epígrafe «lengua castellana». Podrá plantear dos veces la misma búsqueda, pero los sucesivos cruces que desee hacer con otras palabras o conceptos le difıcultarán el trabajo. Por otro lado, esa hipotética decisión arbitral de la Academia puede acabar con algunos conflictos y malentendidos qııe genera esta diferencia de términos. = [...] No se trataría, por consiguiente, de prohibir o no recomendar el uso general de «castellano», que continuará en las bocas de los hispanohablantes por mucha decisión oficial que se adopte o se deje de adoptar. Sino de asumir un nombre que defina ya para siempre a nuestra lengua, tal vez la única en el mundo con dos denominaciones en su propio idioma. [Grijelmo, 1998: 281; la negrita es nuestra.]

Continuando con los episodios de intervencionismo académico en el ordenamiento lingüístico de España, el primer intento académico en el actual periodo democrático —según tenemos noticia— de condicionar las políticas lingüísticas de las ya constituidas comunidades autónomas lo protagonizó el entonces director de la Real Academia Española, Fernando Lázaro Carreter, en una carta enviada el 3 de noviembre de 1994 al presidente del Gobierno español, Felipe González, donde solicitaba el pleno trato de lengua común para el castellano y en la que —nobleza obliga— Lázaro incluyó el tirón de orejas de rigor a los medios de comunicación por su «mal uso» del idioma (El Mundo, Editorial, 11/11/1994: en línea). Apenas tres semanas antes (26/10/1994), los premios Cervantes que habían asistido al Congreso «La Hora del Español» celebrado en Valladolid —y al que no había asistido, como hoy sería impensable, ningún representante del Ministerio de Cultura, del Instituto Cervantes ni de la Casa Real— habían suscrito un manifiesto (el Documento de Valladolid) en el que exigían a los gobiernos que atendieran mejor la enseñanza del español, tras realizar una planificación lingüística en todos los países de habla hispana, y trabajaran para que el castellano fuera considerado lengua oficial en los foros internacionales. En el congreso se expusieron las ideas que son ya lugares comunes del discurso de la Hispanofonía (v. § 3.4): se definió el castellano como el principal tesoro cultural de 400 millones de hablantes; se describió su misión de cohesión entre pueblos muy diversos, y se abogó por el respeto al bilingüismo (término que no quedó técnicamente caracterizado, como es habitual). Aunque sin firma directa en el documento, la mano de la Academia Española tras él era evidente, según puso de relieve esta nota de El País (Luis Prados, 27/10/1994: en línea; la negrita es nuestra):

[...] el principal responsable de su redacción, el catedrático César Hernández, [...] haciéndose eco de la opinión de varios académicos y ponentes de las jornadas, declaró que «la planificación lingüística es una tarea especialmente urgente en España» y que la enseñanza del castellano «está muy mal» en nuestro país. [...] El primero en hablar sin tapujos sobre las amenazas que se ciernen sobre el castellano en España fue el académico Gregorio Salvador, que definió como «de martirio» la situación que viven los castellano hablantes en algunas comunidades bilingües y afirmó que el estado de la enseñanza del español «daba ganas de llorar». Salvador recogía la opinión mayoritaria entre los académicos y los filólogos presentes en Valladolid de que el español no es una lengua nacional, sino la lengua común de los españoles y que, por tanto, corresponde al Gobierno central garantizar su conocimiento y su uso en todo el territorio.

La carta al Gobierno del director de la RAE seguía la misma tónica. Arcadi Espada (01/12/1994) sugería que la antesala del documento había sido una visita que la junta de gobierno de la academia había realizado al presidente Felipe González el 18 de octubre, a quien expresaron su inquietud por el «conflicto lingüístico» en las comunidades bilingües. De la respuesta de González, prometiendo interesarse por el asunto, surgió el documento, elaborado por la junta, discutido en tres sesiones plenarias y aprobado el 3 de noviembre, en una reunión donde no asistieron 19 de los 41 académicos. «Entre las ausencias, las de gente con mucho peso: García Gómez, Cela, Delibes, Torrente Ballester, Caro Baroja, Areilza, el duque de Alba y los tres académicos catalanes», Pere Gimferrer, Francisco Rico y Martí de Riquer, que por razones puramente logísticas (una huelga de transporte aéreo) no habían asistido a la reunión. Siguiendo las fuentes periodísticas que la reprodujeron parcialmente, ofrecemos al lector los fragmentos de la carta más relevantes para el asunto que nos ocupa:

«Fomentar el bilingüismo real sin diglosia, de tal manera que el tiempo atenúe, hasta extinguirlas, las tensiones hoy desgraciadamente perceptibles; adoptar las medidas que favorezcan una actitud no recelosa de todos los ciudadanos ante las distintas lenguas de España; establecer las condiciones de horarios y planes de estudios imprescindibles para que el aprendizaje de la lengua española dote a todos los ciudadanos de destreza suficiente en su libre empleo hablado y escrito; determinar las situaciones en que debe emplearse la lengua común; estipular la doble rotulación, en la lengua territorial y en castellano» y «disponer que las emisoras de radio y de televisión dependientes del Estado emitan preferentemente en la lengua común, coordinándose de tal modo que quienes no conocen otro idioma puedan sintonizarlas a cualquier hora del día o de la noche. [El Mundo, 10/11/1994: en línea.]

Las reacciones no se hicieron esperar y colearon durante meses en la prensa del momento.
Por parte del Gobierno central (El Mundo, Editorial, 11/11/1994: en línea), la ministra de Cultura, Carmen Alborch, animó a la academia a valorar la importancia del castellano, «pero también la del plurilingüismo», y añadió que «el castellano no tiene por qué sentirse amenazado» (El Mundo, Editorial, 11/11/1994: en línea).
En todas las comunidades afectadas por la carta de Fernando Lázaro hubo airadas réplicas procedentes de entidades civiles y del los sectores político y cultural. En Galicia, según El Mundo (10/11/1994: en línea), el escritor Suso de Toro tachó las palabras del director de la RAE de «falacia histórica, que consiste en afirmar que España es una nación monolítica, cuando en realidad hay muchos países con lenguas propias» y que su actitud respondía a la defensa «de unos intereses creados, que son los de los académicos que tienen el poder sobre la lengua, y además es una postura colonialista». El filólogo Henri Monteagudo, coautor de la Gramática galega, afirmó que Lázaro Carreter se estaba entrometiendo donde no debía y opinó que era «totalmente desproporcionado» pedir la doble rotulación de los topónimos, «porque lo normal es que se escriban en su propio idioma», señaló lo injustificado de preocuparse por la salud del castellano en lugares como Galicia, donde «su enseñanza está garantizada» y lamentó que desde la Real Academia Española no se reclamaran también «medidas para evitar el recelo que existe hacia las lenguas periféricas». El presidente del Consello da Cultura Galega, Filgueira Valverde, consideró que en Galicia se daba «un buen ejemplo en el trato del problema de las lenguas en contacto», y advirtió que «las posturas exclusivistas son erróneas e ineficaces», mientras que Marino Dónega, secretario de la Real Academia Galega, atribuyó las opiniones de Lázaro Carreter a una «falta de información, prejuicios o desconocimiento de la realidad. En Galicia no hay problemas de convivencia idiomática. Existe un bilingüismo real». Dónega defendió la escritura de los topónimos «en la lengua propia, en este caso el gallego, porque es lo natural y porque evita disparates en las traducciones» y consideró de sentido común escolarizar «a los niños en el idioma que hablan cuando llegan a la escuela, sea gallego o castellano».
En el País Vasco la Euskaltzaindia guardó un prudente silencio —al menos, que nos conste, en un primer momento. José M. Ceberio, director para la Normalización Social del Euskera, sí declaró en cambio que la situación denunciada por la carta de la RAE no tenía «nada que ver ni con la realidad ni con la política lingüística que se desarrolla en el País Vasco». Pero fueron los escritores en euskera los que expresaron las opiniones más disconformes. Anjel Lertxundi dijo: «La filosofía del escrito me parece correcta, pero los motivos que están detrás, muy tristes porque preconizan la potestad de la lengua mayoritaria. El castellano no está amenazado, mientras que sí lo están el gallego, el catalán y el euskera. Este último tiene todos los boletos para sufrir una mayor discriminación ya que, por lo distinto que es, no contribuye a crear esa fluidez existente entre el catalán y el castellano». Por su parte, Xabier Gereño manifestó: «En el País Vasco la situación del castellano no es tan inquietante, ni tan grave como se pinta. La lengua que está en franca inferioridad es el euskera. En Euskal Herria, para conseguir un bilingüismo real hay que apoyar al euskera y no al castellano». Sobre el asunto de la rotulación se pronunció otro escritor vasco, Pako Aristi: «Carreter dice: “Para que ningún español pueda sentirse desorientado y peregrino en su patria”. Y me parece positivo que se dé cuenta de ese hecho porque los vascos nos hemos sentido así toda la vida, desde que nos llevaron sin saber castellano a la escuela con cuatro años, y aún nos seguimos sintiendo de esa manera. Todo es cuestión de poder. La configuración del Estado español está basada en el sometimiento y no en la comprensión».
De Cataluña, dice El Mundo, procedieron las reacciones más tibias, «no queriendo pronunciarse sobre la misma ni el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Pi de Cabanyes, ni Joan Guitart, responsable de Cultura de la Generalitat». Tal vez así sería en un principio. Pero, una tras otra, fueron llegando respuestas contundentes del sector político, cultural e institucional. El día 21 un comunicado del Institut d’Estudis Catalans afirmaba que la carta «atenta contra la convivencia en nuestra sociedad» (Arcadi Espada, 01/12/1994). La escritora y filóloga Carme Riera replicó que «El bilingüismo no se puede fomentar. Es algo que se da de una forma espontánea». En su opinión, nada de lo que se dijera tendría sentido hasta que todos los españoles se dieran cuenta de la riqueza cultural que representa «tener cuatro lenguas, cuatro literaturas, cuatro culturas, cuatro formas de ver las cosas». Àlex Broch, director literario de Edicions 62, devolvió la pelota al tejado académico diciendo que «se debe fomentar el bilingüismo, pero no sólo en las comunidades con dos lenguas, sino en toda España, para aprovechar la multiculturalidad del país». El escritor y diputado de Iniciativa per Catalunya, Ignasi Riera, opinó que el pronunciamiento de la Real Academia Española sobre la convivencia del castellano con otras lenguas del Estado demostraba que la institución «es un cadáver viviente que debería ser clausurado». El País (26/11/1994) recogió también la protesta formal y la movilización que acarrearía mayores consecuencias para Lázaro y la propia Academia. La entidad civil Òmnium Cultural, con un tradicional gran poder de convocatoria, hizo público un manifiesto firmado por 32 entidades y 46 personas a título individual, titulado «Per la llengua catalana», en el que acusaba a la Real Academia Española de «sumarse al ambiente netamente hostil a Cataluña»22 y de falsear su realidad lingüística, y proclamó que invitaría a los tres miembros catalanes de la RAE a firmar el manifiesto de Òmnium.23 En él se remachaban las opiniones ya expresadas desde las diversas comunidades afectadas:

1. Recordaba «la situación de privilegio de la lengua española» en relación con las otras lenguas del Estado y atribuía la idea de que «los catalanoparlantes estamos obligados a ser bilingües en nuestra propia tierra» a la ignorancia del marco legal de competencias lingüísticas. Una consecuencia de esta ignorancia sería la imposición del bilingüismo en la toponimia. «Por tradición inmemorial, y ahora por ley, tiene que ser sólo en catalán.»
2. Consideraba que la «actitud radical [de la RAE] fomenta el recelo entre los distintos pueblos del Estado, no combate la desinformación secular sobre la realidad pluricultural y no propone ninguna medida para su conocimiento y respeto, sobre bases de igualdad. La posición de la RAE es especialmente condenable ya que pese a disponer de los medios idóneos, gracias a los presupuestos públicos, para tener una información correcta de la realidad catalana, la falsea» (la negrita es nuestra).
3. Instaba a las instituciones catalanas a que pusieran en marcha la ampliación de la Ley de Normalización Lingüística y hacía un llamamiento a los ciudadanos de habla catalana para que se adhirieran a este documento.
4. Anunciaba una serie de actos en los que distintos colectivos, como los colegios profesionales o los rectores de todas las universidades catalanas, tendrían ocasión de firmar el manifiesto. Lograron, en efecto muchos otros apoyos, entre ellos de tres rectores de universidades catalanas (Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra) y de los sindicatos mayoritarios.

Pasados los meses, el asunto continuaba. Felipe González recibió sendos manifiestos de 504 profesores de las universidades públicas catalanas y de 200 docentes de institutos de enseñanza media de Cataluña. Los firmantes se hacían eco de las críticas ya expresadas y añadían que España no tenía su origen en la unidad lingüística, por lo que propugnaban el término ciudadanía española en lugar de nacionalidad española, y que el sistema educativo español era el responsable del «anticatalanismo» de la sociedad española.
En cuanto a la iniciativa de Òmnium de implicar a los académicos catalanes, tuvo un éxito mayor del esperado. El 29 de noviembre de 1994, El Mundo anunciaba que ya no sólo De Riquer, Gimferrer y Rico, sino también Cela y Torrente Ballester afirmaban en un comunicado su distanciamiento de la postura de su director:
Cela, Torrente Ballester, Martí de Riquer, Gimferrer y Rico afirman en el primer punto de su comunicado que «no suscribieron ni suscribirían el documento que la RAE dirigió al presidente del Gobierno», y hacen constar que «todas las lenguas que se hablan y escriben en España merecen respeto, tanto en su difusión como en su enseñanza». = Los firmantes de este texto inician en el segundo punto del mismo que «por razones históricas y legales las diferentes comunidades que integran España se comunican entre sí en lengua castellana o española, que no puede ser ignorada por ningún español». = Los académicos añaden que no observan «síntomas que permitan sospechar que socialmente esta situación pueda cambiar». = Para los cinco académicos, según el tercer punto de su comunicado, «la cordialidad, la convivencia y la mutua comprensión entre todos los españoles han de imponerse a cualquier actitud política, que desde un lado o de otro intente dañarlas». = Finalmente, Cela, Torrente, de Riquer, Gimferrer y Rico señalan en su texto que «el cultivo, el impulso, la propagación y la enseñanza a todos los niveles de las diversas lenguas que se hablan en España en modo alguno pueden ni deben interpretarse como un menoscabo para la lengua castellana o española». = Por otra parte, Martí de Riquer y Pere Gimferrer se sumaron ayer al manifiesto «Per la llengua catalana» promovido por la asociación catalanista Òmnium Cultural [...]. El también académico catalán miembro de la RAE, Francisco Rico, ha rechazado unirse a la protesta en una carta dirigida a Josep Millàs, presidente de Òmnium Cultural.

Como anunciaba Arcadi Espada en El País (01/12/1994), la disidencia pública sobre asuntos de política lingüística en el seno de la RAE —institución igualmente político-lingüística, señalémoslo a los que aún creen que es una entidad filológica24 obligó a Lázaro Carreter a presentarse a la reelección, en contra de su deseo:

Las fuentes académicas consultadas por este diario dan como «muy probable» que el presidente de la RAE siga en su cargo. Los propios académicos catalanes le apoyan, convencido, alguno de ellos, de que Lázaro es un «mal menor» y de que la propia redacción de la carta fue también un intento del director de atraerse para sí a algunos de los integrantes del núcleo duro —más españolista— de la Academia, del que forman parte Manuel Alvar, Rodríguez Adrados, Julián Marías y Gregorio Salvador. Este último, que considera que los cinco académicos disidentes «han discrepado a destiempo, después de una presión política, cuando debieron hacerlo en presencia» y que niega con energía ser el asesor lingüístico de José María Aznar —«no he hablado nunca con él»—, desmiente finalmente esa presunta estrategia de Lázaro, y que exista tal núcleo duro: «Lo que hay en la Academia es gente preocupada por la libertad». En cuanto a Lázaro, su respuesta es clara: «¿Cómo iba a ser una estrategia si me quería ir, por mi salud quebradiza? Es ahora cuando ya no me puedo ir, si es que mis compañeros deciden que me quede. Es ahora cuando no». [Arcadi Espada, 01/12/1994.]

Siete años más tarde, el ambiente en la Academia Española habría cambiado poco. En todo caso, el equilibrio político interno se habría ido decantando claramente en favor del núcleo duro del nacionalismo español que Espada señalaba en 1994. En una entrevista concedida al alimón por Gregorio Salvador y Manuel Seco a El Cultural de El Mundo —tribuna habitual de esta fracción académica—, esta era la opinión que ambos manifestaban sobre las políticas lingüísticas gallega, vasca y catalana (básicamente) y sobre el papel de defensa del castellano que debía ejercer la academia:

Hace unos meses, uno de ustedes, Gregorio Salvador, escribía en El Cultural que «el único lugar del mundo donde a los hispanohablantes se les puede negar la posibilidad de educarse en su lengua, es la propia España». ¿No es en este terreno la Academia demasiado complaciente?

M. S.: Gregorio Salvador tiene razón. Y la Academia no es demasiado complaciente ante los abusos de la política lingüística de los gobiernos autonómicos nacionalistas. Si tiene alguna autoridad, esta es exclusivamente moral, y por eso su voz, cuando no habla al gusto de algunos, sólo cosecha sus improperios. La excesiva complacencia no es de ella, sino de los sucesivos gobiernos de España que han consentido sin pestañear actuaciones autonómicas en materia lingüística abiertamente opuestas a la Constitución.
G. S.: La política educativa no es función de la Academia, pero aún así, algunas veces se ha manifestado sobre situaciones o comportamientos que consideraba lesivos para los derechos de los hablantes de nuestra lengua. Yo me ratifico en lo que dije, insisto en que es una monstruosidad que debería tener avergonzados a los responsables de ella, que andan luego con tiquismiquis y remilgos para mantenerse en lo que entienden como políticamente correcto. [El Cultural, 17/10/2001: en línea.]

Esta tónica se fue acentuando hasta que, en el verano del 2008, una buena parte de los académicos se adhirieron inmediatamente al «Manifiesto por la lengua común»25 promovido por Fernando Savater y un grupo de intelectuales rezumantes de españolismo, algunos de ellos miembros de la RAE. El «Manifiesto por la lengua común» ha sido una de las más duras, reaccionarias e involucionistas ofensivas del nacionalismo español (de centro-izquierda, centro-derecha, derecha y ultraderecha), en periodo democrático, contra las demás lenguas de España, y las reacciones de adhesión y rechazo que suscitó dan la medida exacta del grado de radicalización y encono que el tema nacional y lingüístico ha alcanzado en la sociedad española. Su objetivo era reunir a las fuerzas sociales, intelectuales y políticas capaces de presionar para hacer retroceder las lenguas no castellanas (particularmente las que gozan de reconocimiento oficial) de nuevo al lugar que «les corresponde»: lo familiar. Un manifiesto así habría resultado intolerable para la sociedad española políticamente correcta si en lugar de tratarse de la ofensiva de la intelligentsia —no se entienda la palabra en el sentido etimológico— de una comunidad lingüística aún hegemónica contra otras comunidades históricamente marginadas, hubiese consistido en un manifiesto de destacados varones españoles contra los avances logrados en el país por el feminismo, donde se hubiese exigido que las mujeres españolas regresaran al lugar que les es propio: la cocina.26 No obstante, obtuvo el apoyo firme no sólo de los primeros espadas del españolismo en la RAE aún vivos (Gregorio Salvador, Francisco Rodríguez Adrados y Manuel Seco) sino de toda una legión de académicos españoles que se sumaron a la movilización, algunos desde sus inicios:

De los 42 académicos de número y dos electos que integran la Real Academia Española —en total 44—, 23 de ellos comparten ya parte o todo el contenido del Manifiesto por la Lengua Común, que según ha podido saber ABC se debatirá en la Docta Casa. Se esperan más adhesiones a las de Mario Vargas Llosa, Carlos Castilla del Pino, Carmen Iglesias, Álvaro Pombo, Miguel Delibes, Antonio Mingote, Arturo Pérez-Reverte, Ana María Matute, Antonio Fernández Alba, Francisco Rodríguez Adrados, José María Merino, Eduardo García de Enterría, Gregorio Salvador, Francisco Brines, José Luis Pinillos, Carlos Bousoño, Margarita Salas, José Manuel Sánchez Ron, Manuel Seco, Valentín García Yebra, Luis Mateo Díez, Luis Ángel Rojo y Luis Goytisolo, que está de acuerdo «en el fondo del contenido». [ABC, 03/07/2008: 20.]

Llegaría también la de Luis María Ansón, la de los directores de la reales academias de Bellas Artes e Historia, y la de tres antiguos directores del Instituto Cervantes, Jon Juaristi, el Marqués de Tamarón y Fernando R. Lafuente.27 Alentados por ABC, que como otros medios de sesgo españolista había tomado partido en la campaña iniciada por Savater, diversos directores de academias hispanoamericanas, aun reconociendo que era un asunto interno de España, dieron asimismo una opinión favorable al contenido del manifiesto (ABC, 11/07/2008: 22-23).
De entre los académicos que no llegaron a firmarlo, uno de los catalanes expuso abiertamente su postura:

Pere Gimferrer, miembro de la Real Academia Española —y autor de veinte libros en catalán, quince en castellano francés [sic]— dice que «jamás [firmaré] el manifiesto por la lengua común» que promueven personas afines al partido de Rosa Díez y diversos intelectuales. En su despacho de la editorial Seix Barral, expone sus razones.

¿Cuál fue su primera reacción al ver el manifiesto?
Leí la lista de los primeros firmantes, y vi que no había un solo lingüista entre ellos. En el momento actual, en el que afirman tener ya 100.000 firmantes, hay sólo dos. Y, en este asunto, su opinión es la más valiosa. Evoqué también varios momentos. El más antiguo se produjo en 1981, en las páginas de La Vanguardia, donde Jaime Gil de Biedma publicó un artículo sobre el manifiesto de los 2300, cuya relectura sigue siendo recomendable. Él dijo ahí que el interés general era «la pacífica convivencia de todos los catalanes» en «un país donde nadie es más que nadie y ninguna de las dos lenguas es más que la otra».

¿En qué más pensó?
En un libro muy reciente del lingüista madrileño Juan Carlos Moreno Cabrera, El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva (Península), que se refiere a ese nacionalismo lingüístico que identifica la unidad de España con la lengua castellana,[28] idea latente en el manifiesto pero contraria a los hechos, no tienen nada que ver, hemos tenido incluso reyes que hablaban otros idiomas. O en Mater dolorosa de José Álvarez Junco, libro sobre la idea de España aplaudido y premiado pero no sé hasta qué punto comprendido. Y recordé una frase de Américo Castro: «La historia de España es la historia de una inseguridad». No sé si todos los firmantes conocen estos textos.

¿Qué tradición intelectual española estaría en la línea opuesta a la de los firmantes?
El discurso de Marcelino Menéndez Pelayo en los Juegos Florales de la Exposición Universal de 1888 en Barcelona fue, ante la reina regente, en catalán, una lengua, afirmó, «no forastera ni exótica, sino española y limpia de toda mancha de bastardía».

[...]

¿Cree que el castellano está discriminado?
No me corresponde entrar en ello pero ahí están las cifras con la proporción de ejemplares difundidos de prensa y de libros en los dos idiomas, por no hablar del mundo audiovisual.

¿Qué cambios ve en el uso del catalán en la vida cotidiana?
Todo depende de la perspectiva. Cuando Ramon Xirau volvió desde su exilio [tras la dictadura franquista] a la Barcelona de la transición, exclamó: «¡Cuánta gente hablando castellano!». Pero otros valoran que hoy todo el mundo entiende el catalán.

El manifiesto lo firma gente de prestigio: académicos, Vargas Llosa, Pombo, Azúa...
Mi discrepancia no afecta a las relaciones de amistad. Sería muy interesante publicar una lista de quienes no han firmado. Me refiero a nombres de significación semejante que no han querido firmar, sin contar a los que al principio firmaron pero ahora han pedido que se retire su nombre. Hay más de veinte académicos que no lo hemos firmado, por ejemplo. Y la junta de gobierno de la RAE ha reafirmado por unanimidad la postura del director de no implicarse institucionalmente en esto.

El manifiesto sitúa al castellano en una jerarquía superior al catalán. ¿Qué le parece?
Lo que piden es el derecho a no saber una lengua distinta del castellano. No sé si la ignorancia es sujeto de derecho. No hay lenguas superiores a otras, el francés no es superior a ninguna otra lengua porque haya dado a Proust, el alemán no es inferior porque el nazismo se haya expresado a través suyo. Cada lengua tiene lo que tiene.
[...]
[Xavi Ayén, 15/07/2008: en línea.]

Decía Gimferrer que la postura institucional de la RAE había optado por la neutralidad. Era cierto. Tal vez Víctor García de la Concha —que se negó, por principio, a firmar el manifiesto— aprendió la lección que Fernando Lázaro Carreter, su predecesor, había recibido en 1994. El caso es que el 2 de julio la Real Academia Española emitió un comunicado en el que, amparándose en sus atribuciones estatutarias, se desmarcaba del texto de Savater y cía. Decía lo siguiente:

La Real Academia Española es una institución tricentenaria que ha trabajado y trabaja incansablemente por la unidad del español, su conocimiento, su uso correcto y su difusión. Manifiesta, por consiguiente, su extrañeza ante el hecho de que se pueda cuestionar esta labor o confundir sus funciones estatutarias. [Público, 03/07/2008: en línea.]

El académico firmante, Rodríguez Adrados, atribuyó la declaración institucional al temor de la academia a «enfrentarse al poder» (Ecodiario, 03/07/2008: en línea).
¿Temor a enfrentarse al poder? Lo dudamos. La Academia siempre ha tenido claro su papel simbiótico en el juego político y en la cuestión nacional. Cualquier que haya sido el tono y el grado de injerencia de la RAE en asuntos gubernamentales de política lingüística y territorial, las claves para entender la esencia de su postura en estos asuntos las proporcionó hace bien poco el propio Víctor García de la Concha (ABC, 11/01/2009: en línea):

[...] lo que se juega el español en estos momentos es su confirmación como segunda lengua de comunicación internacional de Occidente. [...]
¿Y dentro de España? ¿Cómo cuidamos nuestra lengua?
La Academia tiene una posición clarísima. Lo que la Constitución declara en su artículo 3 es nuestro programa: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Y las otras lenguas serán oficiales según sus Estatutos. El tercer punto es importante: las lenguas son un patrimonio que hay que proteger. Esto nos lleva a un programa de patriotismo constitucional. Y consiste en hacer verdadero el bilingüismo en las regiones donde conviven dos lenguas. Pero no sólo es cuestión de que todo el mundo pueda hablar las dos, sino de que todo el mundo debe expresarse por escrito en ambas. Y leerlas. [...] Y tiene mucho que ver con el futuro que nos jugamos fuera de nuestras fronteras.
Seríamos poco creíbles en la defensa del español si no nos lo tomamos en serio en España.
Exactamente.

Sobran los comentarios.

[...]



NOTAS

 

1 En opinión de Segarra (2004: en línea), paradójicamente los procesos unitaristas y centralistas estimularon la toma de conciencia de una particularidad local diferenciada de aquella identidad común que promovía la nación-Estado en su invención de España: «Podría decirse que la lógica de la nación soberana generaba “provincialismo” por sí misma. En la medida que la voluntad nacional intervenía en el territorio y lo recreaba a su imagen, necesitaba identificar un viejo estado de cosas que necesitaba ser corregido, extirpado y eso era lo que se señalaba como “provincialismo”».
2 Por limitaciones de espacio, de conocimiento de causa y de acceso a fuentes, obviamos un tratamiento detallado de los procesos reivindicativos que se vivieron en Galicia y el País Vasco.
3 No obstante, las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza siguieron ejerciendo de poderosos agentes de castellanización.
4 Referido en Francesc Ferrer i Gironès (1985: 114-133) y en Josep Grau Mateu (2004: 282-317).
5 El problema de Cataluña es el título del informe reservado encargado por el conde de Romanones a un miembro anónimo del Partido Liberal y datado el 18 de junio de 1916, que fue hallado en el archivo-biblioteca de la Presidencia del Gobierno (Ferrer i Gironès, 1985: 133-136). En 46 páginas niega, con argumentos tan falaces y torticeros como actuales en el discurso del ultranacionalismo español, que exista base alguna para las reclamaciones de los catalanes, lo que incluye la negación misma de la existencia de la lengua catalana. Para fundamentar su inexistencia se dice que no es una lengua circunscrita a Cataluña, sino multirregional y multinacional, y que tiene un estándar artificioso, según un espíritu defensivo, justamente dos atributos que comparte con el español, a pesar de lo cual siempre ha sido compatible hablar de castellano cuando se habla de español, y viceversa (v. las definiciones de ambas denominaciones en el DRAE en § 1.7). Pero, una vez más, lo que vale para negar el catalán sirve para afirmar el carácter del español como lengua común.
6 Como señala Albert Balcells (2010: 39), si bien, de una parte, «el autonomismo catalán no contaba con la base material privilegiada de un concierto económico como el que tenían las provincias vascas, de la otra estaba liberado de lastre foralista que, juntamente con el confesionalismo católico, dificultaba la formación y la extensión de un movimiento nacionalista reformista en el País Vasco», y aunque el concierto vasco había sido el primer modelo del catalanismo, en la práctica los conciertos económicos mantenían separadas las provincias vascas, «que también eran las únicas provincias españolas que correspondían a una división arraigada y tradicional, al revés que las provincias catalanas, que eran vistas como un signo de imposición centralista desde 1833». De hecho, las provincias vascas no llegaron a promover la creación de una mancomunidad propia, lo que retrasó el ascenso político del nacionalismo vasco.

7 Carne de cañón reclutada entre los sectores sociales más pobres para servir en la nueva aventura colonial española emprendida en 1904, cuya movilización ya había desencadenado en Cataluña en 1909 las revueltas de la Semana Trágica.
8 Cf. el texto completo en <http://www.generalisimofranco.com/opinion/347d.htm>.
9 Durante la dictadura, el Institut d’Estudis Catalans sufrió además una progresiva marginación. Después de la desaparición de la Mancomunitat, en marzo de 1925, la Diputación suprimió las partidas presupuestarias destinadas al IEC y lo desposeyó de sus servicios más importantes, como el meteorológico, el de catalogación y conservación de monumentos, el cartográfico y el arqueológico. Aunque no fue suprimido formalmente, el Instituto se vio privado de dinero, de atribuciones y de reconocimiento oficial, y quedó, pues, prácticamente paralizado. Un grupo de protectores, Francesc Cambó entre ellos, le prestó apoyo económico y aseguró así su supervivencia hasta el fin de la dictadura.
10 Cf. el texto en <webs.racocatala.cat/estelada/c1928.pdf>.
11 Cf. texto en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/public/01371307566724806320035/index.htm>.
12 Para más datos sobre el modelo lingüístico y otros particulares, cf. el texto del proyecto en <http://republica-republicanisme.uab.es/docs/f340f1b1f65b6df5b5e3f94d95b11daf.pdf9>.
13 Cf. <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02449410870244941976613/index.htm>.
14 La negrita de lo citado es nuestra. Cf el texto completo en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/45700629871425217465679/index.htm>.
15 A pesar de lo cual fue utilizada por la derecha tradicional americana para combatir las tres amenazas a su hegemonía: socialismo, indigenismo y panamericanismo.
16 Cf. <http://elgranerocomun.net/IMG/pdf/BOE_Peman_Comision__Depuradora_10_diciembre_1936.pdf>

17 El espíritu de esta carta estaba en consonancia con diversas publicaciones precedentes de académicos como Miguel de Unamuno (Joan Ramon Resina, 2004) o Menéndez Pidal (Ferrer i Gironès, 1985: 101).
18 Entiéndanse ambas cosas en relación con sus comunidades de hablantes y grupos de poder. La lenguas no tienen conductas defensivas, hegemónicas ni represoras; las tienes quienes las hablan.
19 Este episodio está ampliamente recogido en la historia de la institución realizada por Zamora Vicente (1999: 438-440) y analizado en esta misma obra por J. C. Moreno Cabrera, § 2. (N. de las Eds.)
20 Véase también en J. C. Moreno Cabrera. (N. de las Eds.)
21 Cf. <http://www.egt.ie/udhr/udlr-es.html>.
22 En ese momento, se esperaba que el Tribunal Constitucional dictara una importante sentencia sobre el recurso planteado contra la Ley de Normalización Lingüística catalana y se habían filtrado rumores de un fallo en contra. La sentencia fue, finalmente, favorable.
23 Íntegramente citado en El Mundo, 29/11/1994.
24 El alcance de su participación en asuntos de política interior, internacional y de política del lenguaje se tratan en este trabajo, pero también en J. C. Moreno Cabrera, S. Senz, J. Minguell y M. Alberte, y J. del Valle. (N. de las Eds.)
25 Cf. el texto íntegro en <https://www.upyd.es/modulo-web/modules/recogida_firmas/manifiesto.pdf>.
26 Sobre la revitalización y conservación lingüística y la corrección política como objetivos de planificación, y sobre los principios ético-políticos en que se basan este tipo de políticas del lenguaje, véanse S. Senz, J. Minguell y M. Alberte, pp. ''' (N. de las Eds.)
27 Organizados en este blog: <http://azazelschmied.blogspot.com/2008/07/el-marqus-de-tamarn-fernando-r-lafuente.html>. La postura oficial del Instituto Cervantes vino de boca de su directora, Carmen Caffarel, que declaró que «el ‘Manifiesto por una lengua común’ es innecesario ya que el castellano está en auge» (Diario Directo, 15/07/08: en línea).
28 Enfoque que el propio Juan Carlos Moreno centra en la Academia Española, en esta obra. (N. de las Eds.)

BIBLIOGRAFÍA

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(15/02/2002): «La Fundación Pro RAE quiere intensificar la fraternidad con las otras academias de España», p. 2.
(15/02/2002): «El Rey preside la reunión del Patronato Pro Real Academia Española», p. 43.
(19/08/2003): «Juaristi dice que la demanda de enseñanza de catalán, euskera y gallego disminuye», p. 43.
(03/07/2008): «La mayoría de los académicos de la RAE apoyan ya el Manifiesto en defensa del castellano», p. 20.
(11/07/2008): «Directores de las Academias Iberoamericanas cierran filas en torno a la lengua común», pp. 22-23.
(11/01/2009): «Víctor García de la Concha: “Defender el español en las zonas bilingües tiene mucho que ver con nuestro futuro”»; en línea: <http://www.abc.es/20090111/cultura-cultura/defender-espanol-zonas-bilingues-20090111.html>.
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